La Fiscalía pide 142 años de cárcel para los 11 acusados del ‘caso Multimedia’

Manchado declaró por el ‘caso Multimedia’ en 2016. | Jaume Morey

Víctor MalagónPalma03/12/20 4:01
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La Fiscalía reclama penas que suman 142 años de cárcel para once acusados en el ‘caso Multimedia’, una causa que arrancó en el año 2014 y en la que se investigaban contratos amañados en una empresa pública del Govern entre los años 2008 y 2011. Los principales acusados son los antiguos directores generales José Antonio Santos y Antoni Manchado, este último un histórico del PSOE en Calvià y que fue senador entre 2011 y 2015. Para ambos, el ministerio público reclama penas de 17 años de cárcel por delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Entre los acusados también está otro exconcejal socialista de Calvià, Francisco Cano, para quien se reclama una pena de catorce años.

El ministerio público nunca había pedido penas tan elevadas en delitos de corrupción: la suma supera a las que se pidieron en casos como ‘Nóos’ (103) o ‘Scala’. De hecho, en único juicio, las condenas que se reclaman aquí son solo comparables a lo que se pidió contra Iñaki Urdangarin (19,5 años, fue condenado a cinco y once meses) o Josep Juan Cardona (21 y recibió una condena de 16). La calificación provisional responsabiliza casi por igual a todos los investigados de todos los delitos y establece pocas gradaciones entre ellos, de ahí lo elevado de las condenas que se reclaman. Tampoco se valora el posible impacto en las penas del enorme retraso que la causa ha acumulado en el Juzgado de Instrucción 5 de Palma.

La acusación sostiene que los dos directores generales, Santos, de Coordinación Departamental en la Conselleria de Presidencia y Manchado, de Tecnología en la Conselleria d’Economia, utilizaron de forma sistemática la empresa pública Multimedia para beneficiar a afines o amigos, entre ellos Francisco Cano. Para ello adjudicaban contratos menores o negociados sin publicidad para abonar estudios que en algunos casos eran plagios o trabajos presentados para otros departamentos.

Facturas

«Se presentaban facturas que contenían datos inveraces y que después eran certificadas por los funcionarios que hacían dejación de sus funciones de forma deliberada. Permitían el pago injusto por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de internet, facturándose por trabajos no realizados o por horas de dedicación inexistentes», señala la calificación provisional.

El ministerio público estima en 407.197 euros la cantidad defraudada en la supuesta trama. Todos los investigados declararon en el juzgado hace cerca de cinco años y negaron haber cometido ningún delito.

Pendiente de la apertura de juicio oral tras años de retrasos

El ‘caso Multimedia’ es una reliquia judicial cuya instrucción arrancó en el año 2014 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. La causa lleva años paralizada en instrucción y ahora ya sólo espera de que se dicte auto de apertura de juicio oral para llegar a juicio en la Audiencia Provincial. Además de la Fiscalía está también personada como acusación particular la Abogacía de la Comunitat.