La inversión del acuerdo asciende a 225.274 euros, ha informado la conselleria, que ha explicado que este servicio social está dirigido a las personas encausadas o condenadas que son informadas y asesoradas de los recursos que la red comunitaria a su alcance.
Muy a menudo, una gran cantidad de problemáticas sociales, como drogodependencia, violencia familiar y de género, conflictos vecinales, salud mental o marginación precisan de un «abordaje» social, además del judicial.
El propósito es llevar a cabo una intervención psicosocial y ayudar a estas personas en sus trámites y gestiones con el fin de prevenir la reincidencia.
Esta colaboración iniciada en 2017 «funciona y ayuda a este colectivo que tanto lo necesita», ha declarado Santiago, que ha añadido que, de este modo, «se garantiza una estructura de los servicios sociales en el ámbito judicial».
A la firma también han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Carlos Gómez, uno de los impulsores de este servicio en la década de los 80, y la directora general de Servicios Sociales, Teresa Vallespir.
Gracias a este recurso social, en 2019 fueron atendidas 1.095 personas y 221 familias, unos datos similares a los de 2020, que aún no está cerrado.
La atención social en los juzgados «pone el centro de la atención» en la persona que sufre un problema en el entorno judicial, se explica en la nota de Asuntos Sociales.
En este sentido, la atención social en los juzgados se convierte en un servicio especializado que permite atender situaciones de déficit social en un entorno que, contrariamente, se caracteriza por un abordaje exclusivamente pericial y valorativo.
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