La Junta de Portavoces ha aprobado la comparecencia este próximo martes, en el pleno del Parlament, de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, para que analice la evolución de la pandemia en Baleares, pero ha rechazado que comparezca para explicar los protocolos de Salud respecto a la vacunación de la COVID-19 tras conocerse los últimos casos de políticos vacunados.
Así, Vox ha presentado una solicitud de comparecencia urgente de la consellera para que «dé explicaciones sobre cuáles son los protocolos» establecidos por Salud en el plan de vacunación y «por qué se los han saltado algunos políticos», según ha dicho el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Sergio Rodríguez.
Del mismo modo, el presidente y portavoz del PP Baleares, Gabriel Company, ha asegurado que la comparecencia no ha sido aprobada por la negativa de los partidos del Pacte. «Baleares no se merece un Govern ni una consellera de Salud que rechacen comparecer en el Parlament por un tema así», ha subrayado.
Sobre los casos de políticos vacunados en Baleares conocidos este miércoles, el presidente del PP ha asegurado que «no son los primeros ni los últimos casos que conoceremos». «Hace falta más decencia en el proceso de vacunación», ha reclamado.
«Si desde un primer momento, Salud hubiese informado de los protocolos que se siguen justificando cada persona vacunada, no habría tanto problema», ha dicho Company, quien ha reconocido que «no se puede con tanta opacidad y con las mentiras continuas del Govern».
A continuación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha remarcado que, pese a la negativa recibida este miércoles por los partidos del Pacte a la solicitud de comparecencia de la consellera de Salud por estos casos, «seguirán intentándolo». «No vamos a dejar este tema y vamos a llegar al fondo de la cuestión», ha remachado.
Además de afirmar que la vacunación «es fundamental» en Baleares porque «sin vacunas, no habrá temporada turística», Rodríguez ha asegurado que desde Vox «están seguros que estos casos no son aislados». «Nos quieren convencer con explicaciones peregrinas, pero la sociedad merece respuestas claras», ha subrayado.
Del mismo modo, el diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas ha calificado de «escándalo» que cargos políticos «usen su posición para saltarse la cola de vacunación». Por ese motivo, ha reconocido que a Ciudadanos «preocupa mucho» este tema: «No podemos consentir que Salud siga incluyendo personas en las listas de vacunación que no cumplen los requisitos».
Por este motivo, Pérez-Ribas ha exigido la dimisión «inmediata» de estos políticos y que la Conselleria de Salud «muestre total transparencia» ante estos casos. «Es muy dudoso que todo el que ha sido vacunado sea personal de primera línea», ha comentado.
Unidas Podemos, a través de su portavoz en la Cámara balear, Alejandro López, también ha pedido la dimisión o el cese «de forma contundente» de todos los cargos políticos vacunados. «Se debe saber si estaban dentro del protocolo o no, para dejar de generar confusión a la ciudadanía», ha insistido.
En el caso contrario, la portavoz del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha destacado que la consellera de Salud y Consumo comparecerá a petición propia este próximo martes en el pleno para «explicar la situación actual de la pandemia».
Cano ha ensalzado la «mejora» de la incidencia acumulada en Mallorca, pero ha afirmado que la COVID-19 sigue «matando vidas». Por eso, ha insistido en que la desescalada de las medidas restrictivas se debe hacer «poco a poco».
Sobre la vacunación, Cano ha remarcado que se están siguiendo los protocolos establecidos en el Consejo Interterritorial de Salud, que fija como grupos prioritarios los usuarios y trabajadores de residencias y los profesionales que trabajan en la primera línea de lucha contra el virus.
Cano ha destacado que en los próximos días «se completará la vacunación definitiva a las residencias y de los profesionales de primera línea, al tiempo que se comenzará a vacunar a las personas dependientes».
La socialista ha recordado que las Islas están preparadas para la vacunación masiva, «con capacidad para poner 80.000 dosis semanales a través de los servicios públicos y sin rehuir de otras opciones en caso de que sea necesario».
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