Condenados por defraudar al paro casi medio millón de euros en Palma

La red operó en Palma hace casi una década y empleaba una serie de empresas simuladas para inscribir de forma irregular contratos de trabajo que, en realidad, no respondían a ningún tipo de actividad empresarial. A través de tres sociedades firmaron contratos simulados con setenta personas diferentes. Todas ellas respondían a un perfil similar: inmigrantes en situación irregular y que apenas hablaban español.

Los acusados tenían los roles muy definidos. El cerebro de la trama empleaba testaferros para que figuraran como administradores de las empresas y empleaba una especie de comerciales a los que pagaba 150 euros por cada contrato falseado con conseguía.

Con estas altas en la Seguridad Social más tarde se recaudaban prestaciones en el servicio público de empleo, en la Seguridad Social y en varias mutuas. En algunos casos, estos contratos también fueron empleados para renovar permisos de residencia y de trabajo en la oficina de extranjería.

Los falsos trabajadores, que no han sido acusados, recibían una pequeña cantidad en efectivo. La red captaba a estos inmigrantes sobre todo en Son Gotleu, donde empleaban como base un bar para contactar con ellos. Además contaban con la colaboración de una gestoría de Palma que se encargaba de los trámites. El encargado de la misma falleció antes de llegar al juicio.

La causa se ha retrasado casi una década porque el principal acusado permaneció siete años fugado en República Dominicana. Fue detenido cuando regresó a España en 2019. Ahora se encuentra bajo tutela porque sufre severos problemas de salud.

Los acusados han asumido delitos de organización criminal y de falsedad documental tras un acuerdo entre sus defensas y la Fiscalía. Tendrán que abonar 194.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo que son las cantidades que estos organismos no han conseguido recuperar.