Magdalena Gelabert, exdirectora insular de Menors: «En 2016, el área de Menors ya estaba desbordada»

Los responsables políticos del IMAS de las legislaturas 2007-2011 y 2011-2015 han declarado que no conocían la existencia de casos de explotación sexual. ¿Usted tampoco?
— Cuando entramos [en 2016] nos encontramos con una situación que nos obligó a hacerle frente: el Servei de Menors estaba absolutamente desbordado por el volumen de trabajo y ya con casos encima de la mesa. Los técnicos tenían sobrada información, nos pusieron sobre aviso y nos pusimos a trabajar de forma coordinada con el Govern, la policía y la Fiscalía de Menores. Estábamos absolutamente asombradas ante el volumen de salidas no autorizadas [de menores], tanto en los centros colaboradores como en los propios.

¿Y qué hicieron?
— Lo primero, y juntamente con el Govern, formamos a los profesionales que trabajan en contacto con menores para detectar posibles casos con esta problemática. Nos pusimos las gafas para ver qué estaba pasando, cuál era la realidad, y vimos que, fruto de años de desatención, de mirar para otro lado, nadie se había puesto a trabajar en este asunto.

Aclare si se refiere a las salidas no autorizadas de niños tutelados los centros o a explotación sexual de menores.
— Son dos cosas distintas, pero están estrechamente relacionadas. Si hay más control y más supervisión hay menos posibilidades de que estos delitos [explotación sexual] se produzcan.

¿Qué más hicieron? ¿Cómo trabajaban con el resto de instituciones?
— Nos coordinábamos semanalmente con la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y el Govern. Cruzábamos datos, indicios, duplicábamos la información, hicimos un trabajo desgastante. Sabíamos quienes eran, por dónde se movían… Y notificábamos cualquier indicio. También, nada más tomar posesión del cargo, hice una instrucción que procedimentaliza cómo comunicar los indicadores de sospecha y evidencia. Llegamos a sobrenotificar, incluso el Defensor del Menor se asombró del volumen de incidencias comunicadas. Tuvimos la sensación de haber tomado el control del problema, pero se notaba que no siempre había sido así. También obligamos a los centros a notificar todas las fugas, les llamábamos cada semana. Más adelante decidimos que queríamos saber por qué se fugaban, en qué situación volvían, qué días de la semana se producían más fugas… Se notaba que los centros no estaban acostumbrados a dar este tipo de información, porque se resistían. Por otro lado, establecimos inspecciones que evaluaban la calidad de las instalaciones, el número de trabajadores por menor... También intentamos que los trabajadores de los centros fueran estables, para que los niños pudieran establecer relaciones de apego. Esto evita la explotación sexual: si los menores están a gusto en casa, no hay razones para buscar cosas fuera.

Y estas medidas, ¿surgieron efecto?
— Tuvimos una época de tranquilidad, sí se notaron los resultados. De hecho, del 2016 al 2019 las fugas se redujeron un 90 por ciento.

Pero en 2020 se comunicaron 16 casos más. ¿Qué ha fallado?
— Actualmente Podemos no gestiona el área de Menores, aunque la queríamos. Le hablo de mi gestión.

No se entiende que se encontraran con un problema enorme y que sus antecesores en el cargo digan que no sabían nada.
— Cuando no hablas de una cosa, no existe, pero no es la realidad. No entiendo por qué no se vio. Pero los casos ya existían antes de 2011.