Fernández ha comparecido este miércoles en la cuarta y última sesión ante la Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en el marco del consejo rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), con los altos cargos de la actual legislatura.
La directora insular ha explicado que cuando asumió el cargo en julio de 2019, los técnicos llevaban entre 8 y 9 casos de explotación sexual infantil (incluidos entre los 16 que se hicieron públicos en enero de 2020).
Desde septiembre de 2019 se empezaron a adoptar medidas en ese ámbito como retomar los talleres de formación afectiva sexual y ampliar las plazas en acogimiento residencial de alta intensidad en 16 más, de 42 en 2018 a 56 plazas.
Además se organizaron reuniones de coordinación con cuerpos y fuerzas de seguridad que pidieron una persona de referencia para todas las investigaciones que llevan y que se designó. A raíz de esas reuniones de octubre y noviembre hubo el 22 de noviembre tres detenidos por explotación sexual infantil, a raíz de una denuncia del IMAS.
Fernández dictó además una instrucción para reducir el tiempo de valoración de los casos de explotación y de abusos por parte de la UVAI y que se adaptara al protocolo de 2018, que la fija en 3 meses o máximo de 6, e incorporó al presupuesto de 2020 la necesidad de ampliar la plantilla de esa unidad.
«No me informan de cada caso que va entrando», ha precisado sobre la explotación de menores. Cuando el IMAS hizo publico en enero de 2020 que había 16 casos de explotación de menores tutelados, ha afirmado: «Yo sabía que teníamos una media de 12 o 13 casos de explotación sexual infantil».
Ha detallado que se revisaron los expedientes, y en algunos, al no saber si Fiscalía tenía o no constancia de ellos, se notificaron específicamente 5 de ellos. Ha negado que hubiera una trama y ha afirmado que «en ese momento hay dos que sí están vinculados, pero no más».
Fernández ha anunciado que el próximo 1 de abril todos los centros de acogimiento residencial de menores de Mallorca tendrán un profesional que será «referente de victimización sexual», como indicó la comisión de expertos sobre explotación.
