Imagen de una persona dependiente. | Pixabay

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Un total de 829 personas fallecieron en Baleares entre marzo y diciembre de 2021 cuando esperaban una resolución de grado o el reconocimiento de prestación, según el balance del Observatorio Estatal para la Dependencia en el año de la COVID publicado este lunes.

La comunidad con mayor número de decesos por estos motivos fueron Cataluña (14.495 fallecidos), Andalucía (11.869) y Madrid (5.486) y, tras Baleares, las que menos fueron Galicia (634), Cantabria (620), La Rioja (398), Navarra (228) y Ceuta y Melilla (72).

De las 829 víctimas de Baleares, 519 perdieron la vida durante esos meses sin resolución de prestación a pesar de tener derecho ello, es decir, sin ser atendidas.

En el conjunto de España, la lista de espera de la dependencia se redujo en 2020, pero a costa del aumento de personas fallecidas en el año de la pandemia: murieron 55.375 personas -152 cada día- esperando un servicio al que tenían derecho o una respuesta de la administración. Siguieron desatendidas otras 232.243 personas.

El total de dependientes fallecidos durante 2020 ascendió a 248.751 personas, que advierte de un exceso de mortalidad de 52.835 personas, siendo abril el mes más crítico en muertes, seguido de marzo y diciembre.

«Ha sido un año de retroceso marcado por la pandemia, ha sido terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte», ha explicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, en la presentación de esta evaluación, quien ha lamentado que «uno de cada cuatro dependientes fallecidos estaba en la lista de espera».

«Miren este dato terrorífico: cerca del 80 % de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron por fallecimiento, para vergüenza de los gobernantes», ha aseverado.

Casi siete de cada 10 personas desatendidas, que permanecen en la lista de espera, viven en Cataluña (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494). El sistema registra un total de 1.124.230 dependientes, a 31 diciembre de 2020.

«El impacto de la COVID-19, el complejo procedimiento a veces inmisericorde y que la vicepresidencia de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni un solo euro nuevo en el año 2020, han sido los principales motivos de ese retroceso», ha señalado Ramírez.