El informe se ha aprobado con los votos a favor de los partidos del equipo de gobierno -PSIB, MÉS y Unidas Podemos- así como PI y Cs. Vox ha abandonado la reunión a la hora de aprobar este punto considerando que se trata de «un paripé de la izquierda».
El informe concluye por unanimidad -si bien en la comisión no participaron ni Vox ni PP- que «no existe ninguna responsabilidad de los políticos que estaban y están al frente del IMAS, como tampoco consta responsabilidad penal de acuerdo con la Fiscalía».
En la comisión han participado ocho técnicos y profesionales del ámbito de la infancia y familia y los directores insulares del área, vicepresidentes y presidentes del IMAS de las cuatro últimas legislaturas.
Vox ha rechazado participar en la votación porque consideran la comisión y el informe una estratagema del Consell «para hacer creer a la sociedad que están haciendo algo por esclarecer este turbio asunto».
«El tiempo nos ha dado la razón y todos hemos podido comprobar que esa comisión no ha servido para nada», ha declarado el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, que ha criticado que el informe concluya «que la culpa de los abusos que han padecido los menores es de la sociedad». Vox ha criticado también a otros partidos de la oposición por no mostrar su disconformidad con «este teatrillo montado por PSOE, MÉS y Podemos».
Por otro lado, durante la sesión, el director insular de Inclusión Social, Guillermo Montero, ha dado cuenta de la nueva prestación económica de urgencia social destinada a familias en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas a consecuencia de la crisis provocada por la Covid-19.
Esta renta beneficiará a más de 1.700 personas de 850 núcleos familiares de Mallorca perceptores de la antigua renta mínima de inserción (RMI). La ayuda establece una prestación mínima de 115 euros y una máxima de 783 euros, según el número de personas que forman la unidad familiar.
En total, el IMAS destinará 2,5 millones de euros a la renta nueva, que se podrá ampliar en función de las necesidades.
Por otra parte, la reunión ha tratado la propuesta definitiva del nuevo reglamento de acogida residencial, que se elevará al pleno del Consell en mayo. El objetivo del nuevo reglamento es adaptar los servicios de acogida residencial de Mallorca a la normativa autonómica, estatal e internacional vigente, que establece las líneas básicas de la organización, fija los requisitos para obtener la autorización, la acreditación y el funcionamiento de este servicio.
Finalmente, el Consejo Rector ha aprobado también la adaptación de los puestos de trabajo a la modificación del área de Mayores, que ha quedado dividida en dos direcciones insulares: Atención Comunitaria y Proyectos Estratégicos, y Atención Sociosanitaria. Asimismo, también se ha aprobado reforzar el personal del Departamento de Recursos Humanos y del gabinete de Prensa.
