El director general de Consumo del Govern balear, Félix Alonso, ha considerado este miércoles que la situación derivada del concurso de acreedores de Dentix «está entrando en una cierta normalidad», después de que más 3.800 personas se hayan visto afectadas en Baleares por la quiebra de esta cadena de clínicas dentales.
Así lo ha indicado Alonso en una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament balear, donde ha expuesto la labor de la Dirección General para ayudar a las personas afectadas por esta situación que ha supuesto «un sufrimiento muy grande».
Alonso ha indicado que la preocupación por este asunto hace unos meses no es la misma que ahora, puesto que en aquel momento «la situación era de mucha angustia y ahora hay cierto aligeramiento».
En su comparecencia, el director general ha recordado que el grupo Dentix presentó un concurso de acreedores en abril de 2020 y dejó desatendidos a los pacientes de los centros de Mallorca, Ibiza y Menorca. Los datos de afectados por municipios y por islas son los siguientes: Palma, 1.493 personas y 2.453.721 euros; Inca, 496 personas y 908.689 euros; Manacor, 618 personas y 857.505 euros; Ibiza, 697 personas y 936.188 euros; y Mahón, 618 personas y 857.505 euros.
Alonso ha detallado la labor de la Dirección General que, entre otras de las tareas realizadas, ha ofrecido asesoramiento a las personas afectadas. Desde el principio, la Dirección puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional y se reunió en dos ocasiones con el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares y con las asociaciones y plataformas de afectados. Además, en el Casal de Consumo, en el barrio de Pere Garau de Palma, se ha atendido de manera presencial a los afectados. «No ha habido ninguna comunidad autónoma que haya llevado el caso a la Policía Nacional por si acaso había un fraude», ha defendido.
Entre otras acciones, ha explicado, el Servicio de Atención al Consumidor informó a las personas afectadas de la posibilidad de dirigirse a la entidad financiera para solicitar la suspensión del pago o la cancelación del crédito. Además, ha llevado a cabo actuaciones de mediación con las entidades financieras. En los casos en que la mediación no ha prosperado, el expediente se ha remitido al Servicio de Reclamaciones del Banco de España por motivos de competencia.
El director ha destacado que «el tema de consumo no es un tema menor». «A diferencia de otras comunidades autónomas, nosotros nos hemos implicado más de lo que nos tocaba», ha asegurado sobre su trabajo en torno al caso de Dentix.
Actualmente, en las Islas, la cadena Vitaldent ha adquirido en las Islas dos clínicas de Dentix, una situada a Mahón y la otra en Palma, y ha puesto a disposición de los pacientes afectados tres clínicas propias para atender a sus tratamientos.
Con este acuerdo, Vitaldent asume la totalidad de los tratamientos financiados por el resto de entidades y posibilita el acceso a ofertas especiales para terminar los tratamientos de los pacientes de estas clínicas que pagaron el tratamiento en efectivo.
También ha señalado que la Dirección General de Consumo trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Consumo para elaborar una norma que obligue a formalizar un aval o seguro de caución en las clínicas dentales y otros modelos de negocio similares.
Por ello, Alonso ha solicitado el apoyo a los grupos parlamentarios a estas nuevas medidas para evitar la desprotección de los consumidores ante la quiebra de empresas como Dentix.
Durante la comparecencia, ha asegurado que la Dirección General continuará trabajando para evitar la publicidad agresiva, engañosa y desleal que hagan las empresas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así, ha recordado que «la publicidad agresiva de estas clínicas atrapa a los clientes más vulnerables».
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