Imagen del hotel COVID durante el aislamiento de los jóvenes estudiantes afectados por el macrobrote. | M. À. Cañellas

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El Govern ha mostrado su «defensa y apoyo» a la directora general de Salud Pública, Maria Anònia Font, después de que el juzgado de Instrucción 12 de Palma la cite a declarar por una querella de detención ilegal presentada por la madre de uno de los estudiantes confinados en el hotel COVID.

En un comunicado, el Govern ha remarcando su «respeto a todas las actuaciones del poder judicial», además de reiterar la «total disposición para cualquier requerimiento por parte de los tribunales».

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Sin embargo, desde el Govern afirman que ese respeto es «compatible con la defensa y el apoyo a la actuación de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum».

En el texto el Govern se reafirma y considera que la actuación para controlar el macrobrote de contagios fue «proporcionada y siempre pendiente del criterio fundamental de la Administración: la defensa y la protección de la población».

Por último, recuerdan que los jueces desentendieron las peticiones de habeas corpus solicitadas y que los casos detectados en los días posteriores a la liberación de los estudiantes reafirma sus decisiones.