Imagen de archivo de la zona turística de Magaluf. | Emilio Queirolo

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La Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles, asociada a Pimem, ha hecho balance de la temporada turística y ha apuntado que la ocupación en la temporada veraniega ha rondado el 60 por ciento y que los precios han sufrido una rebaja del 30 por ciento.
En una nota de prensa, la asociación ha asegurado que el comportamiento turístico ha variado por zonas y donde se han visto más afectadas son las que dependían del ocio nocturno y la restauración, como Playa de Palma, Palmanova y Magaluf.

Según han apuntado, estas zonas se han visto relegadas a una ocupación muy baja y a ofrecer descuentos entorno al 30 o al 40 por ciento en relación al 2019.

Pequeños Hoteles también ha asegurado que las cifras de los contagios en Baleares durante la temporada han ayudado a que de alguna manera ciertos mercados no perdieran la confianza en el destino a pesar de que se reconoce que el cierre del ocio nocturno ha perjudicado algunas zonas.

La asociación presidida por Juan Manuel Ordinas ha asegurado que hasta un 80 por ciento de las reservas de esta temporada también se han visto afectadas por el 'último minuto'.
Ordinas ha asegurado que la incertidumbre y los casos concretos de clientes que han perdido el dinero han provocado que muchos hipotéticos clientes pasaran las vacaciones en su propio país.

Por su parte la presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles para Baleares, Alicia Reina, ha dado cifras sobre la realidad de Mallorca en comparación con el conjunto de las islas.

Respecto a la entrada de viajeros, Mallorca ha representado un 79 por ciento del total y sobre el gasto de turistas en general la mayor de las islas ha llegado al 49 por ciento.
Ambas entidades han coincidido en que a pesar que la temporada ha sido mejor «no se pueden dejar llevar por la euforia ya que la mochila que lleva el sector es muy pesada por los meses de pandemia vividos».

También han resaltado la necesidad de que de cara a un futuro se agilicen más las ayudas, haya una revisión del tratamiento fiscal de dichas ayudas y un apoyo financiero de las administraciones públicas para ser más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.