El PI presenta 62 enmiendas al proyecto de ley educativa de Baleares

Según ha valorado la diputada Lina Pons este viernes en una rueda de prensa, el proyecto de ley educativa de Baleares «es un texto necesario para mejorar la calidad de la enseñanza en esta Comunidad, cuya tasa de abandono escolar se encuentra por encima de la media estatal, que a su vez está por encima de la de otros países del entorno».

En esta línea, ha opinado que el documento presentado por parte del Govern «es una declaración de intenciones» pero, ha lamentado, «no baja a la arena de algunas concreciones».

«Se habla de bajar los ratios, de aumentar el presupuesto dedicado a educación, de crear el Instituto de Estudios Artísticos Superiores, entre otros temas que demuestran buena voluntad pero no se explicita cómo, cuándo y de qué manera llevar a cabo las propuestas, ni tampoco cómo se presupuestarán las mismas», ha censurado, exigiendo «un plazo de uno o dos años máximo para ejecutar la futura ley y evitar, así, que se cambie o derogue la misma».

Por ello, se han presentado 62 enmiendas, entre las que destacan las relativas a la primera etapa educativa, de cero a tres años; al transporte escolar y al modelo lingüístico.

También, han registrado otras relativas a Formación Profesional, a educación inclusiva, a memoria democrática, a participación de ayuntamientos, a auxiliares administrativos y conserjes y a tecnología.

Así, ha avanzado, que una de las primeras enmiendas presentadas exige al Govern que concrete cómo se elaborará el plan de creación y mantenimiento de 'escoletes' de infantil. Pons ha afirmado, en este punto, estar «decepcionada» con el texto del Govern, debido a que su grupo «siempre ha apostado por la gratuidad de la primera etapa de educación infantil» y en este sentido ha pedido «ser ambiciosos».

La diputada de El PI en el Parlament también ha lamentado que el proyecto de ley educativa de Baleares, «no contemple la dotación de auxiliares administrativos ni de conserjes en todos los centros». «El proyecto de ley tampoco da un paso valiente en lo que respecta al transporte escolar y a pesar de que habla de educación inclusiva no concreta», ha señalado Pons, quien ha defendido que «el modelo lingüístico de El PI es el del decreto de mínimos».

Pons ha detallado que otra de las enmiendas presentadas tienen que ver con la Formación Profesional (FP), que ha calificado como «una de las herramientas e instrumentos de futuro». Por ello, ha pedido al Govern «implantar de forma gradual la FP dual en los centros de todas las Islas sin limitación de edad». Además, ha exigido que el Govern «adapte los estudios de FP a las necesidades reales de las empresas y del tejido productivo de las Islas».

También, entre el total de 62 enmiendas presentadas, ha destacado que «el Govern debe asegurar recursos materiales y personales a las personas con necesidades especiales, bien sea por sufrir un trastorno por déficit, por incorporación tardía a la enseñanza, o por tener altas capacidades». «No puede haber alumnos de primera y de segunda», ha incidido.

Al respecto, ha reivindicado que la Conselleria d'Educació «fomente y facilite la implementación de los protocolos de identificación de altas capacidades». «Apostar por el talento en general debe ser también hacerlo por el talento de estas personas», ha añadido.

En cuanto al transporte escolar, ha detallado, que El PI solicita que «la administración que regule el servicio complementario de transporte escolar para educación obligatoria, bachillerato y FP en un plazo máximo de dos años. Además, ha reclamado que «mientras se habilita el transporte gratuito, se habiliten becas al transporte escolar».

Respecto al ámbito de la tecnología, Pons ha exigido «facilitar, siempre que sea necesario, vigilando sobre todo aquellas situaciones de posible exclusión social, recursos tecnológicos a centros tanto públicos como privados».

Finalmente, ha pedido incorporar al currículo educativo de los estudiantes de Baleares conocimientos sobre Memoria Democrática; así como la participación de los ayuntamientos en los consejos escolares de los centros, siempre que haya acuerdo entre el Consistorio y la escuela o instituto.