Aurora Jhardi

La exedil Aurora Jhardi. | Alejandro Sepúlveda

Víctor MalagónPalma12/01/22 3:59
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La exregidora de Función Pública del Ajuntament de Palma, Aurora Jhardi, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo mes de marzo para ser juzgada por un delito de prevaricación. La Fiscalía reclama para ella una condena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. La acusación del Ministerio Público sostiene que la entonces edil revocó de forma ilegal la licencia que tenían los locales de ocio nocturno para hacer publicidad dinámica, es decir, los tiqueteros. Según el escrito de acusación, lo hizo «con el exclusivo objetivo de revocar esa licencia y perjudicar a los locales pertenecientes al Grupo Cursach».

El decreto fue firmado por Jhardi el 21 de marzo de 2017. Tres semanas antes, había sido detenido el empresario Bartolomé Cursach y había ingresado en prisión. Era la fase más severa de la investigación de la macrocausa que entonces instruía el juez Manuel Penalva y que llevaba tres años bajo estricto secreto de sumario. En ese contexto, la edil revocó la licencia que entonces se gestionaba a través de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, concesionaria de la autorización y que se encargaba de coordinar las actuaciones de los tiqueteros y su presencia en cada una de las empresas.

Decreto

La acusación pública sostiene que Jhardi firmó el decreto «a sabiendas de que carecía de motivación legal y sin respeto al procedimiento administrativo». Considera que se vulneraron además ordenanzas municipales. De hecho, la edil remitió un correo electrónico a tres funcionarios de su área para que redactasen un escrito dirigido a la Asociación para comunicar la revocación de la licencia. En ese documento, la concejala justificaba la decisión en «motivos obvios».

Tras la detención de Cursach, el Ajuntament de Palma inició una serie de procedimientos administrativos en torno a la actividad del empresario como los que tuvieron que ver con Tito's o el Megasport. En este caso, se le prohibía la publicidad dinámica como una manera de limitar la actividad. La resolución de Jhardi fue primero recurrida en vía administrativa. Sin embargo, la aparición del correo electrónico dio paso a la penal por un delito de prevaricación. Además de la Fiscalía, también acusa del mismo delito la sociedad Night Life Ocio S. L., que impulsó la querella. Jhardi dejó la política activa en 2019 cuando no volvió a concurrir a las elecciones municipales.    Desde entonces mantiene una actividad pública pero solo a nivel de activista.

El apunte

Un decreto firmado en lo más caliente del ‘caso Cursach’

El empresario Bartolomé Cursach fue detenido el 28 de febrero de 2017. Tres semanas después, con la causa en su clímax, Jhardi firmó el decreto por el que será juzgada. Antes, la edil ya había tenido un encontronazo con los protagonistas de la investigación: el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. La edil autorizó los pagos a policías locales imputados en el caso a partir de un informe de los servicios jurídicos. Esa decisión hizo que trascendiera que estaba bajo investigación en el caso, algo que no consta.