Los dos acusados durante el juicio celebrado en Vía Alemania. | Jaume Morey

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La muerte de Alpha Pam no se produjo por una imprudencia del enfermero y la médico que le atendieron en el Hospital Comarcal de Inca. La titular del Juzgado de lo Penal 6 de Palma ha absuelto a los dos acusados por el fallecimiento del inmigrante senegalés de tuberculosis. La madre de la víctima reclamaba una condena de un año de cárcel para cada uno de ellos y el pago de una indemnización de 90.000 euros.

La magistrada detalla que no hay pruebas de que en su visita al hospital, Pam enseñara a los dos profesionales un volante del centro de salud de Can Picafort que le derivaba para una radiografía que confirmara la tuberculosis. Al contrario, la sentencia recuerda que ese volante se firmó el 28 de febrero de 2013 y que el migrante no acudió a urgencias hasta el 5 de abril y que falleció el 21 de ese mes, sin que haya pruebas de que en esos intervalos fuera a algún centro sanitario y no fuera atendido. Entiende la sentencia que no hay pruebas de que la anotación que hizo una auxiliar en admisión fuera incorporada al sistema informático y que, por tanto, la atención que recibió en Inca fue la correcta. «Debe descartarse que se tuviera constancia en el centro de la existencia de un brote de tuberculosis en Can Picafort», sostiene, del que se sospechaba que Pam era el caso primario.

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La sentencia pone en duda la versión acusatoria que dio el amigo de Pam que le acompañaba ese día porque, recuerda que se contradijo en el juicio respecto a lo que había sostenido en la instrucción. También se apoya en los informes forenses e incluso en el del médico que aportó la familia que descartaban que existiera una conexión directa entre la actuación de los acusados y la muerte y que concluían que la actuación de la doctora había sido razonable. Tras su examen diagnosticó una posible bronquitis, le recetó antibióticos y le dijo que, si no notaba mejoría en dos días volviera al centro de salud.

Sobre la normativa que privaba de carné de salud a los inmigrantes en situación irregular en ese momento, la magistrada se remite a la declaración del inspector médico que actuó en este caso y que negó que le constaran casos en los que no se hubiera atendido a estas personas. La única diferencia es que el Hospital de Inca les exigía firmar un compromiso de pago.

La Fiscalía reclama también la absolución de Pam junto a las defensas, ejercidas por los abogados Llorenç Salvà y José Manuel Domingo, y la Abogacía de la Comunitat, responsable civil del caso. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.