USO entendió desde el principio que estos hechos podrían suponer un fraude contra las arcas del Estado en cuanto a, por ejemplo, los gastos en prestaciones por desempleo, pues la situación significaba, de acuerdo con el sindicato, que se estaría sufragando al excedente de trabajadores que la empresa tenía en dichos países mediante las prestaciones por desempleo y exenciones pertenecientes a la Seguridad Social española. Inspección se ha pronunciado esta semana sobre dicha demanda y ha resuelto una «vulneración al derecho a la ocupación efectiva», un derecho que ostenta el trabajador a que el empresario le proporcione, en cumplimiento del contrato laboral suscrito, el desempeño de unas funciones acordes a su puesto de trabajo, «por cuanto los incrementos de actividad en la compañía que justificaron realizar nuevas contrataciones, trasladar a trabajadores de otras bases o la puesta a disposición de trabajadores contratados por empresa de trabajo temporal, deberían haber determinado la desafección del ERTE de los propios trabajadores de la base de Palma», recoge la propia Inspección en el escrito.
Ello supone una infracción administrativa con la consiguiente sanción económica. En su texto de resolución, la Inspección de Trabajo añade que dará traslado de la situación determinada a la Autoridad Laboral, lo que podría conllevar nuevas sanciones para la empresa del Grupo Ryanair. «Este incumplimiento de la ley y mal uso de las ayudas estatales suponen uno más en la larga lista del Grupo Ryanair en cuanto a vulneración de nuestra legislación. Esperamos que se le reclamen todas las ayudas recibidas de las arcas del Estado ante el fraude que ello supone en relación a los impuestos que pagan todos los ciudadanos de este país en beneficio, al parecer, de una empresa del Grupo Ryanair», ha concluido Ernesto Iglesias, representante de USO en el sector aéreo.
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