El magistrado ha archivado la investigación. | ARCHIVO

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El juzgado de Instrucción 7 de Palma archiva la investigación contra el Govern por los vertidos de Emaya. La causa partía de una denuncia de la Asociación de Navegantes contra la Conselleria de Medi Ambient por no multar al Ajuntament por las emisiones y sí aplicar el decreto sobre la posidonia. El magistrado, que tomó declaración a los responsables del área en los últimos veinte años, señala en el auto que tanto «el director general y el conseller están al tanto de la situación y quieren solucionarla y para ello el Govern participa en los costos, altísimos de esta solución».

Valora que se trata de unas obras presupuestadas en 220 millones. El auto plantea las dos posibles actuaciones del Govern, una, el cierre de la depuradora de Palma, «sería una catástrofe». «Podía haber interpuesto sanciones económicas, pero vista la dificultad de la situación de la depuradora derivada del desmesurado aumento de la población y el elevado coste de su mejor o sustitución, no habría solucionado el problema», señala. Insiste en que se ejercían controles y la Conselleria «inducía a la mejora de los sistemas de saneamiento para mejorar el medio ambiente».

El magistrado descarta que exista una prevaricación, como hubiera sido ante la retirada de una multa a un «familiar o amigo» y que, en este caso, la administración autonómica no ha omitido su deber de actuar sobre los vertidos. De esta manera solo queda un procedimiento penal abierto en el que ha sido procesada la expresidenta de Emaya y ahora concejal de Urbanismo, Neus Truyol, que está pendiente de calificación por Fiscalía y que sí considera que existió un delito ambiental por los vertidos.