Gabriel Dols impulsó la denuncia contra el Govern como presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, un cargo que ya ha abandonado. Sostiene que será este colectivo el que decida si recurre o no el archivo. | M. À. Cañellas

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Gabriel Dols fue el presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo que denunció al Govern por no multar a Emaya por los vertidos de aguas residuales a la bahía de Palma. A pesar de que el caso ha sido archivado por el juzgado de Instrucción 7 de Palma al no apreciar indicios de delito, considera que se trata de «otro pasito muy importante». «Vamos avanzando», dice.

El denunciante celebra que el auto deja claras tres cosas: «Los vertidos se produjeron, no se abrió ningún expediente y tanto el director general como el conseller eran conocedores de esos hechos. El auto lo dice así textualmente». Considera el archivo «una opinión muy respetable del juez», pero discrepa. «El Govern hace el decreto de la posidonia dada la importancia medioambiental de una especie ya protegida. Pero lo que es difícil de entender para el ciudadano es que se haga una normativa solo para aplicar al ciudadano y los mismo políticos se conviertan en juez y parte a la hora de su aplicación».

Según su opinión, «esta interpretación de dar validez al incumplimiento de la ley por parte de los responsables por causas subjetivas para el ciudadano es difícil de asimiliar». Considera que una conselleria no puede dejar de aplicar la ley, «un hecho así menoscaba la confianza de cualquier ciudadano con el sistema que tenemos».

Dols también señala que el esfuerzo del Govern por solucionar el problema de base, la depuradora de Palma, no implica que no sancione a Emaya: «En cualquier municipio, por mucha inversión que se haga en semáforos, los coches oficiales tienen que cumplir las normas de circulación».

Sobre la posibilidad de recurrir el auto, Dols afirma que es una decisión que tiene que tomar la Asociación de Navegantes, de la que ahora mismo es un socio más. «Esto es David contra Goliat, somos una asociación pequeña y de recursos económicos muy limitados, de ahí que conseguir que la justicia avale nuestros argumentos de que hubo vertidos, que no se sancionaron y los responsables lo sabían hace que podamos estar muy satisfechos. Hay que respetar la opinión del juez, pero no deja de ser una opinión, los hechos ya están reconocidos y son irrefutables», señala. Insiste en que los vertidos son «el desastre ecológico más importante en las últimas décadas» por el que nunca se ha abierto expediente alguno.

El apunte

El juez descartó que existiera una prevaricación

El juez descartó que la decisión de no aplicar el decreto de posidonia por parte del Govern a Emaya fuera una prevaricación. El auto judicial sostiene que se reclamó información a la administración local y que se trabajó para buscar una solución al origen del problema, el mal estado de la depuradora. Descartó así abrir juicio oral a todos los ex directores generales de Medio Ambiente del Govern desde el año 2004. La Fiscalía y la Abogacía de la Comunitat respaldaron el archivo.