La Comisión de Seguimiento velará por las actuaciones del Plan de Industria 2018-2025, mientras que la Comisión de Polígonos abordará las bases del borrador de proyecto de ley de polígonos industriales. | CAIB

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El Consejo de la Industria ha aprobado este miércoles la constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico Industrial 2018-2025 y de la Comisión de la Ley de Polígonos Industriales y parques empresariales, según ha informado el Govern en una nota de prensa. Por una parte, la Comisión de Seguimiento del Plan de Industria está formada por el presidente, que será el director general de Política Industrial, junto con un representante de la CAEB, de Pimeb, de los dos sindicatos con mayor representatividad social, un representante de la UIB, un asesor externo de reconocido prestigio y un representante de la Unidad de Gestión, con voz pero sin voto.

Este órgano ejecutivo y decisorio tiene la responsabilidad final sobre el Plan de Industria, la dirección de su seguimiento y la evaluación de la implementación de las líneas de acción y de sus mecanismos. Supervisará su gestión, velará por la buena marcha del Plan y recibirá información puntual sobre él. Además, la Comisión se reunirá al menos una vez al año, y siempre que lo estimen oportuno su presidente o dos de sus miembros. Las propuestas originadas en el seno de esta comisión, previa motivación y con la justificación adecuada, serán elevadas al Consejo de la Industria para su deliberación.

Por otro lado, el Consejo de la Industria ha acordado la creación de una comisión específica para abordar de forma consensuada la elaboración del primer borrador de la Ley de Polígonos Industriales. La Comisión se reunirá dos veces al año, y siempre que lo estimen oportuno su presidente o dos de sus miembros. Corresponderá a este órgano abordar de forma activa las bases que regirán el borrador de proyecto de ley para mejorar el acceso de las empresas al suelo industrial de acuerdo con criterios de sostenibilidad.

El Consejo de la Industria es el órgano colegiado, con funciones consultivas y de asesoramiento, de la Administración de la Comunidad Autónoma en relación con la política industrial. Tiene como finalidades estimular el consenso y la unidad de acción en materia de política industrial, y coordinar los intereses públicos y privados que confluyen.