La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Natalia Bueno. | Teresa Ayuga

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Por las nubes. Disparado. Inasumible... Estas son sólo algunas de las expresiones que utilizan los ciudadanos de Mallorca cuando quieren hacer frente a la compra de una vivienda. La Isla tiene algunas de las zonas de España con el metro cuadrado más caro, tales como Bendinat (Calvià) o Son Vida (Palma), «solo superados por Ibiza, Formentera y determinados barrios de Barcelona, Madrid y San Sebastián», según ha precisado la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Natalia Bueno. En este punto, ha manifestado que «el precio de la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos de la Isla».

Pese a las dificultades, Bueno ha asegurado que se pueden adoptar medidas que abaraten el coste de las casas y, por tanto, faciliten su acceso. «Hay muchos puntos a mejorar para que el precio de la vivienda baje», ha manifestado. En este sentido, ha precisado que «el principal es incrementar la oferta y para ello hay que facilitar al promotor la edificación nueva agilizándole los trámites». A su modo de ver, se trata de «una figura que no se ha visto con buenos ojos por la sociedad y, especialmente, a raíz de la crisis de 2008». Sin embargo, ha considerado que «son primordiales para la vivienda nueva, puesto que los promotores arriesgan su capital, crean empleo y pagan muchos impuestos hasta la finalización de la obra».

Otra de las medidas que ha señalado que se deben adoptar es la revisión de las normas subsidiaras de muchos municipios «porque en bastantes hay una limitación del numero de viviendas incomprensible, que obligan al promotor a edificar viviendas de 200 m2 y esto no tiene sentido. Es un riesgo grande para el promotor, que se verá obligado a destinarlo a las clases sociales con mayor poder adquisitivo por lo que desestima la compra del solar». Bueno ha reivindicado que «los ayuntamientos tienen que tener unos servicios urbanísticos de calidad, dotados de técnicos y administrativos que agilicen los tramites, que puedan hacer estudios de viviendas vacías, una a una, y ayudarles en la gestión de subvenciones para reformar viviendas si es necesario».

Otro factor muy importante para la presidenta del API es «dar una solución a un porcentaje importante de la población que no dispone del 20 % de ahorros necesario para poder realizar la compra. Un aval de la administración, como hacen otros países de Europa, facilitaría la compra; así como una bajada a un tipo residual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para el que no disponga de otra vivienda en propiedad».