En los siete primeros meses del año, la Oficina Antidesahucios (OAD) ha emitido 140 informes de vulnerabilidad, de los que 75 los han realizado trabajadores sociales o bien por iniciativa de los usuarios, ha detallado el consistorio en un comunicado. Los otros 65 se han elaborado en aplicación del Real Decreto-ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, que prevé que el juzgado solicite dicho informe de vulnerabilidad a los servicios sociales municipales para suspender temporalmente un desahucio. Desde 2015, la OAD ha tramitado 796 informes de vulnerabilidad.
El año con más informes fue 2021, con 393, debido al impacto social y económico de la pandemia de coronavirus, según el balance de este organismo dependiente del Área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad. Todos los informes se remiten a la Conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern, para que dé respuesta a las personas en situación de vulnerabilidad que han sido desahuciadas de su vivienda por no poder hacer frente al alquiler. Las suspensiones de los desahucios son temporales y muchas de las familias (aproximadamente unas 300) han estado pendientes en los últimos 20 meses de las prórrogas de suspensión de los desahucios que ha aprobado el Gobierno central, la última en junio pasado y que durará hasta el próximo 31 de diciembre.
El Área de Modelo de Ciudad valora las medidas para evitar la pérdida de la vivienda, pero reclama «mecanismos más estables para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna» y que se agilicen la tramitación de la ley estatal de vivienda y el despliegue de la normativa balear. La OAD ha tramitado 5.592 expedientes desde que empezó a funcionar en 2015, con la mayor cifra en los años de la pandemia: con 1.030 expedientes en 2020 y 729 expedientes en 2021. En los primeros siete meses de este año se han gestionado 494 expedientes: 51 relacionados con hipotecas y 320 con alquiler (93 han sido por ocupaciones y 30 con otras casuísticas). Ha habido un aumento de los expedientes de alquiler en proporción a años anteriores, algo que preocupa al director general de Vivienda, Josep Maria Rigo porque «refleja la situación de emergencia habitacional que sufre Palma». En julio se han abierto 43 expedientes y se han cerrado otros 23. Por barrios, las zonas con más expedientes son Son Gotleu, Pere Garau y Foners; y con menos son la Calatrava, Son Sardina y el Puig de Sant Pere.
1 comentario
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Curioso,las zonas con más expedientes son Son Gotleu-Pere Garau... donde se supone que los alquileres son más bajos...La especulación urbanístaca en la zona para que los extranjeros compren las futuras promociones no cesa...