EfePalma16/08/22 11:28
TW
1

El PI ha pedido al Parlament que emita un informe ante la posible invasión de competencias autonómicas en el decreto ley de ahorro energético del Gobierno, de manera que, si existen dudas de constitucionalidad, el Govern presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. El portavoz de la formación regionalista en el Parlament, Josep Melià, ha asegurado este martes que las instituciones baleares deben ser las que digan o marquen cómo deben llevarse a cabo este ahorro energético del 7 % aprobado por el Consejo de Ministros. «Que sea el gobierno central quien diga cómo debe llevarse a cabo este ahorro nos parece que va en contra de la Constitución», ha manifestado el parlamentario, ha detallado El Pi en un comunicado.

Además, con la proposición planteada por El PI, la formación insta al Parlament a pedir una instrucción o resolución que aclare la aplicación de este Real Decreto Ley de ahorro energético, estableciendo las temperaturas a las que deben ajustar los distintos negocios y sectores o el régimen sancionador aplicable.

El PI también ha exigido a las instituciones de las Islas impulsar las políticas de ahorro energético y eficiencia energética, con acciones como, por ejemplo, promover la instalación de parques eólicos marinos y que ésta sea una política estratégica del Govern para incrementar y desarrollar la transición hacia las energías limpias.

Cs rechaza las medidas «intervencionistas» del plan de ahorro energético

La coordinadora autonómica de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha mostrado su rechazo a las medidas «intervencionistas» del Gobierno del plan de ahorro energético y ha advertido que «no solo hay visos» de inconstitucionalidad, sino «precedentes». La portavoz ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de estar «improvisando, imponiendo medidas restrictivas» y que «invaden competencias autonómicas», según recoge una nota de al formación naranja. Guasp ha lamentado que el decreto no haya sido consensuado ni con las comunidades ni con los sectores afectados, «que son los que están sometidos a la incertidumbre», y ha incidido en que pequeños comercios y ciudadanos de a pie «serán los que tengan que pagar las consecuencias de estas nuevas medidas impuestas por el Gobierno».

En esta línea, Guasp ha advertido que las pymes, los autónomos y las empresas «no pueden asumir ciertos costes adicionales a los que obliga este decreto». «Este sector aún se encuentra muy afectado por las pérdidas de ingresos que generó la pandemia y ya no pueden apretarse más el cinturón», ha aseverado. Ha recordado que su partido está «totalmente de acuerdo» en que hay que aplicar medida de ahorro energético, si bien ha remarcado que «las cosas se pueden hacer de forma distinta y teniendo en cuenta a todos los sectores afectados».

Para Guasp, las medidas que han entrado en vigor «son un parche» que «no tienen ningún sustento científico ni económico y tampoco cuentan con la diversidad climática de España». La coordinadora autonómica de Cs también exigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que traslade a Madrid las necesidades de Baleares para llegar a acuerdos a la hora de aplicar el decreto de ahorro energético.