Josep Miquel Arenas en una imagen de archivo. | Archivo

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa (Sevilla) ha denegado la petición promovida por el rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc, en demanda de traducir al neerlandes el auto de apertura de juicio oral emitido en su contra por dicha instancia judicial el pasado mes de mayo, tras haber sido procesado por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y alternativamente un posible delito de amenazas agravadas, a cuenta del carácter de sus menciones a la Guardia Civil durante un concierto celebrado en Marinaleda. En el auto de apertura de juicio oral, fechado el pasado 18 de mayo y recogido por Europa Press, el Juzgado número dos de Estepa daba cuenta de que la Fiscalía pide para el acusado una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y tres años de cárcel en el caso del posible delito de amenazas agravadas.

Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), durante un concierto celebrado el 31 de marzo de 2018 en la localidad sevillana de Marinaleda, gobernada ininterrumpidamente desde 1979 por el veterano líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo (Colectivo Unidad de los Trabajadores, CUT), el mencionado rapero mallorquín habría apelado al público a actuar contra la Guardia Civil. «Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno, poned una puta bomba al fiscal de una vez», señala la asociación como las palabras pronunciadas por el cantante y objeto de la denuncia.

Causa judicial

A cuenta de ello, medió una denuncia por un presunto delito de odio por parte de la AUGC, pues según la asociación, las manifestaciones del cantante «expresaron de manera delictiva una actitud de odio irracional contra los guardias civiles». «Aquel día en el concierto, Valtònyc instaba a su público a atentar contra guardias civiles y sus palabras no cabe entenderlas como parte de la libertad de expresión, pues no se trata de la letra de una de sus canciones, sino de una intencionalidad dirigida a un numeroso grupo de personas, con el consiguiente riesgo de que ese público las llevara a cabo», asevera la asociación.

Tras la denuncia de la AUGC y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, el Juzgado número dos de Estepa abrió unas actuaciones, rematadas en mayo con el auto de apertura de juicio oral, que señala a la Audiencia de Sevilla como órgano competente para la celebración del juicio. Empero, y según han indicado a Europa Press fuentes del caso, la representación del rapero, huido de España a Bélgica en junio de 2018 tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, solicitó el pasado mes de julio la traducción de dicho auto al neerlandés al ser dicha lengua el idioma oficial de su lugar de residencia y de sus abogados.

Petición denegada

No obstante, el Juzgado número dos de Estepa denegó su petición a finales de agosto, descartando cualquier caso de indefensión, recordando que el procedimiento judicial se desarrolla en España y que la documentación remitida a Bélgica fue traducida al francés, también idioma oficial de dicho país. La representación del encausado, sin embargo, habría formulado alegaciones hace pocos días contra dicha denegación, insistiendo en que el neerlandés es el idioma de los abogados del mismo y que debe prevalecer el derecho del inculpado a una defensa efectiva a todos los efectos. El citado cantante mallorquín huyó de España en junio de 2018, tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.