Imagen de la rueda de prensa. | PIMEM

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Las patronales de la pequeña y mediana empresa de Baleares contarán con el apoyo directo de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) en sus reivindicaciones para la puesta en marcha del Reǵimen Especial de Baleares (REB). Así lo ha asegurado este jueves el presidente de la organización nacional, José María Torres, quien ha recalcado que «la petición que se hace con el REB de Baleares no tiene nada que ver con el despropósito fiscal que estamos viviendo ahora», sino que es una reivindicación histórica para «asegurar que todas las pymes en España puedan competir con las mismas armas».

Con respecto a ese «despropósito fiscal» que ha mencionado en referencia a la escalada de propuestas y posicionamientos encontrados entre diferentes autonomías de los últimos días, Torres ha reclamado a las comunidades autónomas «responsabilidad y altura de miras» ante la situación actual. «No se puede hacer un debate fiscal electoralista, sino que se debería hacer un debate sosegado entre todos los partidos políticos: esta carrera de a ver quién baja más impuestos está basada en el populismo y no en un estudio serio y concienzudo de cómo debe ser la tributación en España a largo plazo».

Sobre el peligro de caer en populismos de esta índole, Torres ha insistido en que el dinero de las ayudas europeas «se va a acabar en 2026 y la Unión Europea no va a estar siempre allí para ayudarnos», advierte para dejar claro que la importancia de dibujar un régimen fiscal realmente proporcionado y efectivo. Saura ha comparecido en rueda de prensa en la sede de PIMEM en Palma, acompañado de su presidente, Jordi Mora, y sus homólogos en las delegaciones de las Pitiusas y Menorca, Alfonso Rojo y Justo Saura, respectivamente.

Mora destacó que ha hecho a Torres la petición expresa de que Conpymes «sea la primera patronal nacional en hacer suya una reivindicación tan necesaria para nuestro territorio insular». El desarrollo del REB, ha señalado Mora, supondría una medida paliativa para todos los efectos colaterales que están sufriendo las empresas en una coyuntura actual marcada por la inflación, el encarecimiento energético y el resto de derivadas de la guerra en Ucrania. De este modo, ha explicado, incluiría una deducción fiscal del impuesto de sociedades que pagan las empresas a final de año sobre sus beneficios con un máximo del 90 % de la base imponible que iría a parar a una «reserva para inversiones». De manera que este ahorro fiscal debería ir destinado los tres años siguientes a inversiones empresariales a fin de «fomentar la competitividad y la viabilidad de las empresas en un entorno tan complicado como el actual».