Agentes inmobiliarios critican el plan de limitar la venta de vivienda a no residentes.

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El sector inmobiliario se ha mostrado contrario a las propuestas para reducir la presión medioambiental y la sobrepoblación en Baleares. El Parlament acordó este martes instar al Govern a limitar la compra de viviendas por parte de no residentes o de personas con menos de cinco años de residencia en las Islas. La medida, según a Asociación Balear Internacional e Inmobiliaria ABINI, generará más confusión que soluciones. Cabe señalar que también se ha dado apoyo a una propuesta de limitar la compra de vehículos.

En un comunicado, ABINI asegura que el Parlament ha aprobado una moción «sin validez legal, ni efectos reales sobre la limitación de la venta de inmuebles a extranjeros. Esta limitación vulnera la normativa superior nacional y europea, y generará más confusión que soluciones». En este sentido, en una entrevista concedida a Ultima Hora, el portavoz parlamentario y dirigente del PI, Josep Melià, ha reconocido que «hay que cambiar la normativa europea. Por eso en nuestra moción, y ese punto es más importante, instamos a la Unión Europea a aplicar un régimen específico para los territorios insulares». ABINI reconoce que «en Dinamarca hay una restricción a los extranjeros para comprar una vivienda, pero España no pidió esta exclusión en su tratado de anexión a la Unión Europea y, por tanto, no puede introducirse unilateralmente desde Baleares sin más. Además, hay que valorar el contexto económico y social de las regiones, sus industrias, puestos de trabajo y tejido empresarial. Más del 25% del PIB de Baleares está relacionado con el sector inmobiliario, por lo que estas medidas provocarían un fuerte aumento del paro y una fuerte caída de la recaudación del impuesto que más recauda, ​​el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales».

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Desde la citada asociación recuerdan que «la realidad es que la falta de previsión en el planeamiento urbanístico y los errores en el cálculo del crecimiento de la población llevan décadas estrangulando el acceso a la vivienda de la población balear. La falta de inversión en infraestructuras genera también una sensación de saturación que se podría haber evitado. Las Directrices de Ordenación del Territorio de las Illes Balears de 1999 establecían límites de crecimiento del 10% en 10 años. En el periodo de 20 años 2000-2020, la población ha crecido un 50% (823.000 a 1.223.000 habitantes). Ahora, una vez más, se están estableciendo criterios de crecimiento muy por debajo de lo que indica el INE para Baleares, lo que hace que Planes Generales tan importantes como el de Palma estén trabajando sobre modelos de población poco probables de cumplir».

La Asociación Balear Internacional e Inmobiliaria censura que «se ha eliminado una enorme cantidad de suelo programado urbanizable para generar vivienda, destinado en su gran mayoría a vivienda habitual. Solo en este año se han eliminado de un plumazo un total de 7.000.000 m2 de suelo para paliar el déficit habitacional de más de 15.000 viviendas en Baleares. Estos terrenos no eran para residencial de lujo, habrían servido de salvavidas a las personas que viven y trabajan en Baleares. Se necesitarán décadas para recuperar estos espacios de crecimiento». Además de esto, señala que «hay que sumar el enorme aumento de los costes de construcción, somos un 50% más caros que en la Península y además tenemos la lentitud e ineficacia crónicas en la tramitación de las licencias de obra. Nuestro sistema urbanístico está tan confuso después de años y años de politización de la vivienda que funcionarios y arquitectos se desesperan por interpretar la normativa urbanística. Estos tres factores añaden aún más peso al aumento del precio de la vivienda en Baleares. Somos la comunidad donde más ha subido el precio en los últimos dos años y esto no va a cambiar».

Finalmente, subrayan que «la moción busca contener el crecimiento demográfico en Baleares interviniendo en el mercado libre de la vivienda, las plazas turísticas, limitando el número de vehículos y también trató de limitar la inmigración, algo que los socios de gobierno rechazaron». El sector pide «prudencia» y un trabajo serio en equipo para solucionar problemas reales, sin generar nuevas dificultades.