Los pisos 'okupados' del Ibavi se reducen un 60 % desde 2019

Por zonas, actualmente hay 37 pisos del Ibavi 'okupados' en Palma (eran 90 en 2019); seis en la Part Forana (frente a 22 en 2019); dos en Menorca (los mismos que en 2019) y ninguno en Ibiza ni Formentera (había tres en Ibiza al inicio de la legislatura). Según ha informado la directora general de Vivienda, Cristina Ballester, todas estas 'okupaciones' están denunciadas ante la Justicia. Ballester ha explicado que el Govern ha trabajado en reducir las cifras de 'okupación' con el objetivo de garantizar «un buen uso de la vivienda pública».

Como primeros pasos, se organizaron visitas presenciales «casa por casa» por parte de un equipo de trabajadores sociales, después de haber colgado avisos en los edificios y enviado cartas con anterioridad. A los moradores que abrieron la puerta se les entregó un documento comunicando la situación de irregularidad y que sería denunciada; pero se indicaba que en caso de sufrir una situación de vulnerabilidad acudieran al Ibavi para estudiar alternativas, con la intención de que pudieran entrar en las listas de forma ordinaria. Para ello se les marcaba una fecha límite. «Lo que no queríamos era hacer 'desokupaciones' de manera indiscriminada», ha apuntado Ballester, que ha incidido en la necesidad de ofrecer las viviendas públicas con un sistema de concurrencia que garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. En este sentido, se advirtió a los 'okupas' que en caso de ser desalojados por resolución judicial no podrían optar a una vivienda social durante cinco años. Cerca de una cuarentena de afectados devolvieron las llaves voluntariamente. Además alrededor de una docena acudieron a pedir ayuda de tipo social.

Procesos judiciales

El resto se han ido desalojando con procedimientos judiciales. En algunos de estos casos desahuciados «se estaba haciendo un mal uso de la vivienda», como por ejemplo tráfico de drogas. Mientras, los perfiles como familias con menores o personas con discapacidad se acogieron al ofrecimiento de ayuda y «no se han desalojado familias vulnerables», según ha asegurado Ballester. Además, con el objetivo de impedir nuevas 'okupaciones' se han instalado puertas y alarmas y se ha reducido el tiempo de entrega de los pisos. «Antes pasaban de dos meses y medio a tres meses, ahora en dos semanas, de media, ha salido y entrado alguien», ha explicado Ballester. También se insiste a los inquilinos que si se marchan definitivamente del piso tienen que acordar un día y hora para entregar las llaves y no dejar el piso vacío, advirtiéndoles de que si no lo hacen y es 'okupado' tendrán que afrontar los costes. De hecho, varias de las viviendas que acumulaban impagos eran por familias que habían residido de forma legal pero se habían marchado sin entregar las llaves ni avisar de que se iban.

En cuanto a las cifras de morosidad, el número de pisos con inquilinos que debían algún recibo en 2020 era de 760 personas; en 2021 pasó a 466 y en 2022, aún por cerrar el año, son 344. En 2020 se dejaron de cobrar 1,2 millones de un total de 5,8 millones de euros en recibos, el 21,8%; en 2021 de una factura de 6,4 millones, se dejaron de cobrar también 1,2 millones (19%). Para atajar el problema de la morosidad se dividió a los afectados en función del número de recibos: los que debían más de 48 --que son cuatro años sin pagar nada--, y después tramos hasta los 24 recibos adeudados, 12 y menos de 12. Se comenzó por el primer grupo.

Lo primero que se hizo fue evaluar la situación personal de los afectados. Los que no presentaban ningún tipo de vulnerabilidad, por lo que el impago no estaba justificado, se les advirtió por carta de una posible demanda --algunas se llegaron a materializar y en esos casos no podrán volver a optar a pisos del Ibavi en cinco años--. A los que se encontraban en una situación vulnerable se les dio la oportunidad de evaluar su situación familiar para adecuar la renta o proponer un plan de pago. Los importes se han calculado sobre el principio de que la renta no suponga más de un 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar; si se añade un recibo extra para ir devolviendo la deuda, en conjunto no puede superar el 35 por ciento de los ingresos.

Además, se ha implantado un sistema por el que si un inquilino deja de pagar un solo recibo, recibe un mensaje SMS para que lo abone. Si lo ignora y el segundo mes vuelve a no pagar, se envía un segundo mensaje y se pone en contacto un trabajador social para comprobar si ha ocurrido algo grave. Al tercer mes se demanda, para lo que el Ibavi cuenta con una asesoría externa. Igualmente, la adecuación de ingresos a un máximo del 30 por ciento de la renta se ha generalizado. Antes lo tenían sólo los nuevos contratos y renovaciones y no se daba de base si la familia no acudía expresamente a pedir ayuda. Ahora se avisa a todas de que tienen derecho a pedir la adecuación del recibo a sus posibilidades.

Asimismo, este sistema de adaptación se ha flexibilizado para permitir que se aplique durante un año, dos años, toda la duración del contrato --en caso de perfiles en los que no se prevé cambios en los ingresos, como jubilados-- o revisable a seis meses --en caso de situaciones sobrevenidas, como personas que se quedan en el paro--. En 2017, cuando Marc Pons era el conseller de Vivienda, el Govern emprendió acciones para afrontar la situación de los inquilinos morosos y comenzó procedimientos para recuperar viviendas, tras intentar llegar a acuerdos de pago. Entonces, la deuda histórica del Ibavi rondaba ya los cuatro millones de euros, una situación que el Govern atribuyó a la «dejadez» del equipo de gobierno del PP que les había precedido. Parte de esa deuda se da por perdida.