Nina De Sousa vivió en 2018 su particular ‘annus horribilis’. Mileurista y de familia trabajadora, en cuestión de semanas, ella y sus cinco hermanos se quedaron sin los dos pisos familiares que tenían alquilados en Palma. Una semana después de poner a la venta el piso de Son Roca, recibieron una llamada del presidente de la comunidad, alertándoles de una posible okupación. Habían entrado y cambiado la cerradura. «La Policía nos dijo que, como ya habían pasado más de 12 horas, no podían tumbar la puerta y echarlos. Un agente nos reconoció que la ley no protege de los okupas», rememora Nina. Desamparados por las autoridades, los propietarios hicieron turnos frente al portal, durmiendo en un colchón sobre el rellano, para poder entrar en su piso cuando no hubiera nadie. «Parecíamos nosotros los delincuentes». En dos semanas y aprovechando dos despistes, lograron cambiar la cerradura y recuperar el piso. «Fue rápido, pero porque nosotros también nos pusimos macarras», concluye.
«Cuando recurrimos al procedimiento común tardaron cuatro años en echarlos»
Para poder recuperar su piso tuvo que pagarles 2.000 euros, más los cien euros mensuales de luz y agua que consumían
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