Imagen del acceso a urgencias de Son Llàtzer, durante la COVID. | Pere Bota

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La administración autonómica de Baleares, el Govern de las Islas, tuvo superávit en 2020, el año de la COVID-19. Esa relajación en el gasto, en el primer año sin límites a las reglas de contención del déficit, también afectaron al IB-Salut, concretamente a una partida para afrontar gastos de la pandemia que no llegó a utilizar para ese fin. Sin que eso quiera decir que no se destinó a otras necesidades de la sanidad. Así se desprende del informe de la Sindicatura de Comptes que el Síndic Major, Joan Rosselló, ha entregado al presidente del Parlament.

Rosselló, después de entregar el informe -y que no incluye las contrataciones y subvenciones derivadas de la COVID, que serán objeto de otro que se difundirá la semana próxima, calificó de «insólito» que el año de la pandemia en que se dio carta blanca a los gobiernos para endeudarse por encima de lo normal, Baleares cerrara su ejercicio con cerca de 22 millones sin gastar. Pero eso, ha añadido el Síndic Major, tiene una explicación: que fue el año en que el Gobierno estatal transfirió más dinero pero también en que se pudo gastar menos en partidas ajenas de la salud. Fue el año de los confinamientos y el de los espacios públicos y escuelas cerrados. Por eso, incidió, no hubo gastos en materias como cultura.

Sobre la falta de ejecución en gatos COVID, también Rosselló alejó la posibilidad de que, de entrada, eso supusiera alguna irregularidad o mal uso. Según el informe, se recibieron 156 millones para atender a esos gastos, de los que 25 no están identificados. «No, estos 25 millones no han desaparecido», ha añadido para comentar que seguramente se gastaron en salud.

Año tras año, y el 2020 no fue la excepción, los informes de las Sindicatura de Cuentas expresan quejas o toques de atención sobre la contratación de personal o los pluses que se pagan en el IB-Salut. Roselló indicó que el informe de este año, que se puede consultar como todos en su Web ya que a eso obligan las normas de transparencia, asume como propias las observaciones de la Intervención General.

El informe de 2020 no entra en las denuncias sobre los contratos de vacunas. Por dos motivos: porque eso fue objeto de una investigación de la Oficina Anticorrupció, y del consiguiente debate político y, por otro, porque lo que quedó pendiente si se ha incorporado al informe que se hará público la semana próxima.

Hay otro asunto que sí aparece en el informe del año de la COVID aunque no tiene que ver con la sanidad: la falta de ejecución por pagos derivados de indemnizaciones relacionadas con la protección territorial.

La Sindicatura de Comptes debe limitarse a aconsejar o a ofrecer indicaciones. Según Rosselló, el informe no parece reflejar irregularidades.