Baleares practica más abortos en la sanidad pública que en la privada

Con la polémica de fondo del nuevo protocolo para frenar los abortos en Castilla y León, la nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que persigue ampliar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, prosigue su tramitación parlamentaria a la espera de ser aprobada en el Senado. La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estipula que las comunidades autónomas deberán reorganizar sus recursos para que todas las mujeres puedan abortar en un centro público, incorporando la previsión de proximidad del domicilio.

Sin embargo, el último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en España durante el año 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad dibuja un escenario bien distinto y es que menos del 16 % de los abortos (el 15,6 %) se realizaron en centros públicos el pasado año. Del total de intervenciones realizadas (90.189); el 13,61 por ciento se produjo en hospitales (de ellos, el 7,34 % privados y el 6,27 % públicos) y el 86,39 por ciento se derivó a centros acreditados para la interrupción del embarazo, de los cuales el 76,99 por ciento fueron privados y sólo un 9,4 % públicos. Sólo tres comunidades primaron la sanidad pública a la hora de llevar a cabo los abortos. Cantabria, con un total de 824 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), llevó a cabo el 67,3 % de estas en centros públicos; en Baleares el porcentaje ascendió al 61,7 %, mientras que en Cataluña fue del 52,5 %.

En el lado contrario, Extremadura -además de Ceuta y Melilla- no ha realizado ninguno de los 1.284 abortos que reportó en 2021 en un centro sanitario público, mientras que en la Comunidad de Madrid únicamente se han practicado 2 de las 15.188 intervenciones en la pública (el 0,01 %); y en Murcia solo 1 de los 3.267 (el 0,03 %). Por debajo del 0 % están también Andalucía (0,05 %) con 10 abortos en la pública de un total de 17.487; Castilla La Mancha el 0,06 % -con 2 IVE de 3.203; y Aragón con 5 de 1.917 (un 0,26 %). Navarra y Galicia, con el 30,9 % y el 22 % respectivamente, se encontrarían en mejor posición que la media, pero todavía con datos muy alejados de lo que contempla la nueva ley.