Ha señalado que por un lado está «el de los negacionistas de la protección del territorio, el PP de la amnistía urbanística» y, por otro el socialista, de «implementar medidas para proteger el territorio, compaginar la actividad humana sin que se dañe el medio ambiente y poner en marcha medidas para paliar los efectos del cambio climático».
El decreto contempla acabar con los llamados «falsos urbanos», dando respuesta a lo establecido en un decreto aprobado en 2020 y que reclamaba a los ayuntamientos y consells que establecieran las categorías urbanísticas de los terrenos considerables como falsos urbanos dentro sus competencias. Todos los consells respondieron salvo el de Ibiza que solicitó una prórroga fuera de plazo que, según Ferrer, ha obligado al Govern a subrogar la obligación de decretar que todos los terrenos que no habían sido incluidos en el planteamiento ya sean considerados suelo rústico, dado que se trata de terrenos «que no son habitables en unos parámetros actuales con los que se intenta luchar contra el desarrollismo de seguir construyendo en suelo rústico».
El decreto también afecta a los edificios Don Pepe de Ibiza, sobre los que «cierra el círculo para dar una solución real, social y legal a los afectados». En cuanto la ley de deportes que también debatirá el pleno, Ferrer ha defendido que la reforma «incorpora los valores y el concepto de la actividad física, que va mucho más allá de la práctica de un deporte concreto, así como el concepto mejora de la salud». Considera que añade «valores importantísimos para una sociedad democráticamente sana como son el juego limpio y la lucha contra la intolerancia y la LGTBIfobia en el deporte».
En cuanto a la ley de conservación de espacios naturales, LECO, Ferrer resaltó que la modificación se adapta la estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad 2030 y que incorpora un catálogo de especies invasoras, entre otras cuestiones.
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