Una red que concertaba bodas falsas a transexuales sudamericanos, a juicio en Palma

De acuerdo con el escrito de calificación del Ministerio Público, el abogado, colegiado en Madrid, se hacía cargo de toda la operativa. Se encargaba de concertar los enlaces, tramitar todo el papeleo para la boda, urdía empadronamientos falsos y, una vez tenía el certificado de matrimonio, de gestionar la residencia legal en el Unión Europea. A cambio recibía una cantidad que oscilaba entre los 1.500 y los 2.500 euros. Por todo ello, la Fiscalía le acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de falsedad en documento público. Por el primero le reclama años y medio de cárcel y otros dos más por el segundo.

Además, en caso de condena, tendría que pagar 1.800 euros de multa. Los ciudadanos con residencia legal en la Unión Europea cobraban 5.000 euros a cambio de participar en el falso matrimonio. De esta manera, se concertaron en total seis bodas de este tipo entre finales de 2017 y el año 2019. De ellas, cinco se llevaron a cabo en el juzgado de paz de Binissalem y otra en un juzgado de Palma. Los acusados por recibir el dinero a cambio de casarse son una mujer italiana y cuatro hombres de nacionalidades española e italiana.

Cooperadores necesarios

A todos ellos se les acusa como cooperadores necesarios de los dos delitos reprochados al abogado. La Fiscalía les reclama una condena de un año y medio de cárcel. El tercer grupo de acusados son los seis ciudadanos de países sudamericanos que obtuvieron mediante estos matrimonios falsos su residencia en la Unión Europea. La acusación pública les reclama a cada uno de ellos una condena de un año de cárcel. También pide que se declare la nulidad de los matrimonios ficticios y de las tarjetas de residencia obtenidas a través de ellos. En uno de los casos, el matrimonio concertado fue previo y se excluye de la acusación, pero el ministerio público sí reprocha un falso empadronamiento en Mallorca.