Se prevé que las sesiones se extiendan hasta el 3 octubre, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Arganda del Rey, personado en la causa. Fue en septiembre de 2019 cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata envió a juicio oral a 21 investigados por esas adjudicaciones en el municipio entre los años 1998 y 2009.
El juez impuso entonces fianzas de hasta 80 millones de euros para algunos de ellos por la cuantía de las multas que afrontarán de ser condenados. En concreto, en el auto dictado por De la Mata, imponía 78 millones de euros de fianza para el líder de la Gurtel, Francisco Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, y 79,1 millones al empresario de la construcción Fernando Martín, por las actividades desplegadas en casi una década para enriquecerse ilícitamente manipulando la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.
En el banquillo se sentarán además el exalcalde de Arganda Ginés López, el que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y su hermano Joaquín, la exdiputada madrileña María Josefa Aguado, así como empleados en empresas públicas de esta localidad Juan Fernández Caballero (Sociedad de Fomento y Desarrollo), César Tomás Martín Morales (Suelo) y Álvaro García del Río, Isaac García Requena y José Ramón Gutiérrez Villar (Fomento).
De parte de las empresas de Gurtel, serán juzgados el contable de la trama, José Luis Izquierdo; así como la administradora del Grupo Correa Isabel Jordán, el 'cerebro financiero' Ramón Blanco Balín --a quien el juez impone 75 millones de euros de fianza--, además de Pau Collado. También serán juzgados los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas y Amando Mayo, estos dos últimos con fianzas de 75 y 80 millones, respectivamente; el exresponsable de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y las mercantiles Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa.
En esta pieza separada se ha investigado un complejo entramado societario encaminado a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero. Los juzgados, lo serán por delitos de prevaricación, delito continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
Según explicaba De la Mata en el auto de apertura de juicio oral, los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento, para lo que intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la «actividad depredatoria» que entre todos realizaron.
En el caso del ex alcalde, junto con Martín Vasco y Fernández Caballero, los tres en una posición provilegiada en la administración pública en Arganda y competencias muy relevantes en el área de contratación, el juez señalaba que esto permitía a la red asegurar que los contratos «se adjudicaran conforme a los designios de la banda», causando «enormes perjuicios al ente público». Mientras, el resto de investigados que ocupaban puestos en las sociedades municipales de Arganda colaboraron aportando informes técnicos o de valoración dando el visto bueno a procedimientos y facturas y pagos que beficiaban al conjunto de la trama.
La gente de Correa, por su parte, «corrompió activamente» a los cargos públicos con sus promesas y dádivas, siempre según el juez, «hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal» de forma que llegaron a un acuerdo «permanente y sistemático» para el desfalco del ayuntamiento y sus sociedades públicas. Por último, los empresarios, contribuyeron para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados, para lo que presentaban las ofertas ya amañadas, sabiendo que serían los adjudicatarios, con precios desorbitados, plazos de cumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos, y con «comisiones millonarias» de por medio.
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