La presidenta del Govern, Francina Armengol.

TW
83

«Hay que garantizar que haya profesionales sanitarios para atender a la ciudadanía: la salud, lo primero de todo». La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistido en que la administración debe hacer todo lo que esté en su mano para prestar una sanidad de calidad con personal sanitario suficiente, pero al mismo tiempo ha insistido en que también debe garantizarse que los ciudadanos se puedan dirigir a la Administración en los dos idiomas oficiales.

La presidenta ha señalado que eso es lo que se está «trabajando» con los socios de Govern, para conseguir que convivan los dos derechos. «No hay crisis; somos un Govern que funciona», ha señalado de forma tajante cuando se le ha preguntado por las discrepancias entre los partidos del pacto.

Noticias relacionadas

Ante la enorme polémica suscitada porla exención del catalán al personal sanitario en el proceso de estabilización de plazas, la presidenta ha remarcado que el Govern cumple la normativa vigente porque esa exención está recogida en la ley, siempre que haya déficit de sanitarios, «que es algo que está pasando en toda España».

Ha recordado que fue el Govern de izquierdas quien modificó la Ley de Función Pública para que el catalán fuera un requisito para acceder a la Administración, pero ha insistido en que la norma establece la posibilidad de hacer excepciones, «Cumplimos con la normativa vigente y recuperamos el requisito de catalán en la función pública pero, en salud, como hay déficit de profesionales sanitarios, como en toda España, se establecieron excepciones», ha dicho.

Armengol ha defendido que es necesario estabilizar plazas de interinos en el personal sanitario y ha remarcado que la convocatoria que ahora ha finalizado se hizo en junio sin que entonces hubiera problemas. «Seguimos trabajando y garantizando el personal sanitario al servicio de la ciudadanía», ha asegurado. También ha mencionado que existe un plan de acogimiento lingüístico que ha formado a casi 1.000 trabajadores y ha insistido en que cualquier ciudadano debe poder dirigirse a la Administración en los dos idiomas.