Imagen de archivo de suelo rústico próximo al pueblo de Llubí. | A. HERNANDEZ

TW
6

El GOB, a través de sus portavoces Margalida Ramis y Toni Muñoz, ha valorado las recientes legislaciones territoriales: el Decret Llei de Mesures Urgents en Matèria Territorial, la modificación de la Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental (Leco) y la Llei de la Serra de Tramuntana. Margalida Ramis consideró positiva «la materialización de algunas reivindicaciones ecologistas en materia de legislación territorial», pero ha advertido que «no son suficientes, pues la urgencia es extrema».  Entre sus peticiones, se encuentra la inedificabilidad del suelo rústico, limitado exclusivamente a los usos agrarios.

Decret de Mesures Urgents

Para el GOB, el decreto debería obligar a la desclasificación de bolsas de suelo urbanizables existentes y no justificadas, de manera que no puedan responder a los intereses del mercado inmobiliario. Los crecimientos planificados por instrumentos de ordenación deben responder a estrategias urbanísticas que tengan como prioridad el acceso a la vivienda, incluyendo la rehabilitación. El desarrollo de crecimientos planeados debe cuestionarse según el suelo vacante, las casas vacías y el crecimiento poblacional natural.

Leco

Según el grupo ecologista, es «inadmisible» que se haya habilitado esta ley para posibilitar la construcción de un aparcamiento en Cala Agulla, en el municipio de Capdepera, a través de una enmienda aprobada por el PSIB, Més y Podemos, siguiendo una propuesta municipal. El futuro aparcamiento se encuentra en la periferia del Parc Natural de Llevant, «sin estudios de movilidad ni de afluencias, sin participación y sin análisis de alternativas». Una enmienda de Més para desclasificar la urbanización Pinars de Bonaire, en Alcúdia, finalmente ha caído, «lo que supone una amenaza a un área natural de especial interés que limita con el campamento de la Victòria».   

Llei de la Serra   

El GOB ha alegado contra la Llei de la Serra de Tramuntana para que los terrenos con clasificación de urbanizables que no tengan dotación completa de servicios pasen a ser no urbanizables.   

Suelo rústico

El grupo ecologista considera que el suelo rústico debe ser inedificable, con prohibición de la construcción de piscinas particulares, también en el ámbito urbano. El GOB mencionó los datos de Terraferida referidos a que se han identificado un mínimo de 5.271 nuevas piscinas entre 2015 y 2021, de las que 1.765 se han    construido en suelo rústico, con efectos sobre el terreno como solariums, césped, edificios anexos y otros usos que se restan al agrario o forestal. Para el grupo ecologista, la construcción masiva de piscinas pone en riesgo los recursos hídricos de Baleares por su consumo y su evaporación, cuantificada en casi el 5 % del consumo urbano. El GOB pide una protección integral para el suelo rústico «ante usos inmobiliarios, residenciales, industriales, turísticos o de infraestructuras, con prohibición definitiva de licencias urbanísticas para detener la creciente urbanización del campo y propiciar la recuperación de cultivos».     

Venta de casas

Finalmente, el GOB es partidario de la prohibición de la venta de casas o terrenos a no residentes o personas que no hayan acreditado un mínimo de cinco años de residencia en Balears, como medio para acabar con la especulación inmobiliaria.