Alta tensión en los muelles

La Autoritat Portuària de Balears (APB) no quiere pillarse los dedos, más aún con el revuelo que se ha montado por los nervios que imperan en estos momentos en toda la industria de reparación y mantenimiento de buques y yates en el puerto de Palma. La concesión para Astilleros Mallorca y STP finaliza el 31 de diciembre de 2027, y es aquí donde la APB, quizás por bisoñez o de forma premeditada, la ha liado.

Astilleros Mallorca ha acusado a Varadero Valencia (IPM) de que puede representar «de facto» un monopolio en la reparación de grandes embarcaciones. Al mismo, pone en tela de juicio que Varadero Valencia pueda acreditar su solvencia técnica y económica. Lo más grave, es que Astilleros Mallorca pide a la APB que debe «inadmitir inmediatamente a Varadero Valencia y proseguir con el procedimiento de la competencia de proyectos presentada por Astilleros Mallorca».

IPM, ante estas acusaciones, no se quedó callado y las refutó afirmando que no van a tener una posición de monopolio en el Moll Vell, porque a finales de 2027 finalice el contrato de gestión de STP en el Moll Vell. Al mismo tiempo, dejaron claro que Varadero Valencia tiene capacidad técnica y económica para operar en el sector de reparación y mantenimiento de buques en el puerto. Hasta aquí, todo normal en lo que se refiere a la defensa de los intereses empresariales, pero no lo es tanto cuando se intenta presionar al consejo de administración de la APB.

El ente portuario, tras las actuaciones de la Fiscalía en años pasados e imputaciones realizadas, no se quiere pillar los dedos. La resolución final, en caso de no cambiar la dinámica de acusaciones y defensas, será que la APB siga adelante con el concurso de competencia de proyectos u opte, si la tensión sigue aumentando, por convocar un concurso público.

Lo curioso del caso es que los movimientos que se están realizando entre bambalinas para generar un clima de opinión pública, visto lo visto, van a tener un impacto no deseado. Estamos en un año electoral y los partidos políticos, principalmente los del Pacte de Govern, no quieren saber nada de polémicas y, mucho menos, de tener que tomar decisiones que les van a mediatizar a corto o medio plazo. Lo que sí está claro, es que el futuro de la industria de reparación de buques en el puerto palmesano está en juego y que hay que actuar con suma prudencia.