Cuando Antich llegó en 2007 a su segunda presidencia, la gran reforma del Estatut ya estaba aprobada. La acordó el Congreso en diciembre del año anterior y quien gobernaba entonces Balears era el PP. Fue Jaume Matas (PP) quien impulsó esa reforma. Es posible que cuando Matas reclamó a José Luís Rodríguez Zapatero un estatuto de máximos no creyera que fuera a conseguirlo. Pero se aprobó. Y por unanimidad, y después del trabajo previo de una comisión de juristas de prestigio, entre ellos Félix Pons e Ignasi Ribas. Éste recordaba esta semana que la reforma del Estatut de 2007 dio a Balears competencias que van más allá de algunas que el Constitucional laminó del catalán.
El texto se aprobó y de ahí que tanto Matas como quien le apoyó en su presidencia (Maria Antònia Munar, presidenta del Consell) aplaudieran con satisfacción aquella tarde. Pero ni Matas ni Munar van a participar en ningún acto conmemorativo. Ya no hay retratos suyos en dependencias oficiales. Ni en el Govern ni tampoco en el Parlament, que Munar presidió. Su historia queda empañada por algo que, también, ha marcado estos años de autonomía en Balearas: los casos de corrupción. Una ley balear priva de reconocimientos oficiales a quienes, como en su caso, han sido condenados en firme.
De abstenerse a estrenarlo
Igual que las Islas han alcanzado cotas de autogobierno no imaginables en 1983 –y en eso coinciden representantes de todos los partidos– y que se han vivido momentos brillantes, la corrupción ha marcado parte de la historia de estos cuarenta años. En 1984, al año siguiente al de la constitución del Parlament, se crearon dos comisiones de investigación: una para examinar las primeras adjudicaciones del Govern que presidió Gabriel Cañellas. Fue la ‘Comisión Zeus Torcal'.
Casi nadie creía que fuera AP (hoy PP) quien estrenara el Estatut (se abstuvo en su aprobación) y presidiera el Govern. Pero lo presidio gracias a la probada presión financiera de los banqueros March. Unió Mallorquina decidió apoyarle. Ese partido estaba presidido entonces por otra figura clave: Jeroni Albertí. Albertí, por la UCD, había sido en la etapa preautonómica presidente del Consell General Interinsular y presidió la asamblea de parlamentarios que aprobó, para luego entregarlo al Congreso (de eso se encargo Francesc Tutzó), el texto que, previamente, en 1980, fue elaborado por la llamada Comisió dels Onze. Pero la historia aún viene de más atrás. El 4 de junio de 1977, antes de la celebración de la primeras elecciones democráticas desde la muerte de Franco, representantes de todos los partidos (también AP) firmaron un compromiso para aprobar el Estatut. Una gran manifestación, en octubre de ese año, recorrió las calles de Palma. Y todavía hay un precedente más lejano: un texto de la época de la Segunda República que se frustró tanto por la división entre Islas como por la Guerra Civil.
La del Estatut es una historia de claroscuros pero también de momentos decisivos, casi estelares. Damià Pons (fotografía circular) representante del PSM en la Comisió dels Onze recuerda que él redactó todo el artículo 4, el referido a la lengua. Y que decidió, y se le aceptó, intercalar dos comas en su redacción al referirse al catalán: «La lengua catalana, propia de les Illes, juntamente con la castellana»... Esas comas blindaron un asunto y zanjaron otras interpretaciones. Han pasado 40 años y la historia balear sigue evolucionando, como la de cualquier ser vivo.
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