Un juzgado confirma la suspensión de un profesor investigado por abusos

El profesor trabajaba como interino en un centro de Calvià cuando le fue comunicada la suspensión, que le hacía saltar de las listas y le dejaba, de hecho, apartado de la docencia. Eso ocurrió en 2022. El curso anterior había sido denunciado por cuatro alumnas de un instituto de Ibiza por abusos sexuales. Entonces se inició una investigación penal en su contra, aún abierta en un juzgado de Instrucción y que está pendiente de resolución.

La inspección educativa le abrió un expediente disciplinario de forma inmediata pero, esta medida administrativa decayó a final de curso cuando, como interino, terminó su trabajo. Como el expediente no terminó de resolverse, el curso siguiente fue llamado de nuevo y se incorporó a otro centro educativo. Una vez volvió a estar al alcance de la administración, se incoó otro expediente y esta vez sí se ejecutó una suspensión como medida cautelar. La suspensión implicaba además que no fuera llamado para cubrir cualquier plaza vacante como interino en otros centros.

De hecho, la alarma inicial de que algo extraño sucedía la dio la tutora de la clase de las alumnas y en ese momento intervino la inspección educativa hasta que terminó el curso y perdió su condición de funcionario.

La administración mantiene que, además de las cuatro primeras denuncias del curso 2020/21, se unieron el siguiente año académico nuevas denuncias de otros estudiantes. «Por lo que estimando que su comportamiento era reiterativo y que en ese momento había comenzado un nuevo curso era conveniente adoptar medidas cautelares».

La magistrada coincide con ese criterio y descarta que exista una falta de proporcionalidad. Pone el foco que la medida no busca asegurar el cumplimiento de una medida de sanción administrativa sino proteger a los menores. «Se trata de evitar la reiteración de la presunta conducta denunciada con otros alumnos, por lo que está orientada a la protección del interés público». Añade que la suspensión es proporcionada en tanto busca «proteger el derecho de los alumnos a la intimidad e integridad personal así como protegerles contra cualquier agresión física o moral, siendo su obligación velar por el interés público que no se circunscribe exclusivamente a los alumnos del centro en el que se han denunciado los abusos sino también a cualquier alumnos al que pueda dar clase».

Mientras tanto, en la investigación penal contra el docente, que se inició por la denuncia de esas cuatro alumnas, que tenían entre 14 y 16 años edad, se han sumado más posibles casos de acoso y abusos sexuales. El docente fue detenido en febrero del año pasado por la Guardia Civil y, desde entonces, se analizan distintas denuncias y material incautado en su domicilio.