Isa Juan Torres. | Redacción Local

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A las 16.15 horas ha terminado su jornada en la escoleta de Santa Creu, al lado de Es Baluard de Palma, pero cuando llegue a casa tendrá poco tiempo para descansar. «Debo hacer un informe de cada uno de mis 16 alumnos y durante la semana solo disponemos de tres horas lectivas para hacerlo; sin embargo, este tiempo también lo empleamos para programar actividades y hacer tutorías con los padres. Al final, nos lo llevamos a casa y no recibimos ninguna compensación económica. No desconectamos nunca». Así es, más o menos, el día a día de Isa Juan Fuster, que tiene 32 años y hace ocho que está en el sector educativo. Es una de las muchas empleadas de escoletas privadas de Mallorca (y del resto de España) que esta semana participan en los parones de media hora, entre las 9 y las 9.30 horas, para exigir mejoras salariales. Ahora, con el convenio estatal, cobran 1.028 euros brutos, el salario mínimo interprofesional.

«Con este sueldo no puedo independizarme de casa de mis padres... y hacerlo sola es más complicado por el precio del alquiler. Conozco alguna compañera con 47 años que está igual. Si tienes pareja es más factible», señala la joven, que sabe de algunos que incluso se plantean cambiar de profesión o hacer la carrera porque con lo que ganan ahora «no llegamos» a final de mes. Durante los ocho años que lleva trabajando en escoletas, Isa Juan cree que la precariedad ha sido siempre similar, aunque les subieron un poco el salario que ahora, con la inflación, se ha devaluado.

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El Gobierno estaba negociando con la patronal estatal una subida, pero con las elecciones dice que el proceso se ha paralizado. Por ello, están presionando, para que se retomen las conversaciones y se apruebe un nuevo convenio con salarios más altos. De hecho, la patronal mallorquina quiere que se aumenten. «Debería dar igual quién gobierne, esto es un asunto de interés general», considera. «Nosotras educamos, no guardamos, como algunos creen», reivindica.

«La educación de 0-3 años aquí es gratuita, se han dado pasos para ofrecer mejoras a las familias, pero el profesorado sigue invisible», lamenta. «El número de alumnos se redujo a 16, lo que sigue siendo un número demasiado alto porque a veces tienes que ir a cambiarles el paquete y al ausentarse uno puede caerse o pelarse. A veces tenemos algún refuerzo, pero necesitamos más recursos», dice. Su centro es público, pero de gestión privada.