El Colegio de Auditores de Cuentas de Baleares no se ha tomado nada bien que el Govern esté solicitando a empresas justificaciones de ayudas por la pandemia que ya habían sido auditadas y justificadas ante el Ejecutivo balear el año pasado. Se trata de un proceso de revisión que califican de «sinsentido» y que, a su entender, «deja en mal lugar a los auditores y nuestro trabajo». Así lo ve su presidente, Julio Capilla, quien explica que auditores y técnicos del Govern dedicaron meses de reuniones para definir la manera en que se tenía que justificar las ayudas a empresas ya autónomos para capear los efectos de la COVID.
Esta línea de subvenciones fue aprobada en mayo de 2021 y contemplaba el reparto de 855 millones de euros de fondos estatales en las Islas, una de las comunidades más afectadas económicamente por la pandemia debido a su mayor dependencia del sector turístico. De hecho, Baleares y Canarias fueron las únicas regiones en repartir el 100 % del dinero.
La documentación requerida para justificar las ayudas variaba en función de la cantidad. La horquilla que contemplaba las mayores cantidades, igual o superior a 60.000 euros, era la única que requería el informe de un auditor de cuentas que acreditara fehacientemente la destinación de la ayuda a gastos que cumplieran con los requisitos.
Los auditores estuvieron reuniéndose durante meses con inspectores de la Conselleria de Model Econòmic y de la Conselleria d'Hisenda para definir con exactitud los criterios que debía seguir el informe y la información que cada empresa debía presentar, con el 31 de julio de 2022 como fecha tope. Capilla asegura no entender que después de todo ese proceso la Conselleria de Model Econòmic haya vuelto a pedir documentación desde el pasado mes de mayo -que puede ser adicional o la misma ya presentada en su día según el caso- en una misiva remitida a algunas empresas y que otorga a éstas un plazo de diez días para cumplir con el papeleo, so pena de que se revoque la ayuda y ésta deba devolverse.
«Es un trabajo ingente para las empresas justo en un momento muy difícil del año», se queja Capilla para añadir que, además, «se nos deja mal a los auditores delante de nuestros clientes, que no entienden por qué tienen que volver a rebuscar facturas en los cajones cuando ya pagaron en su día por hacer una auditoría».
Desde el Govern se subraya que los requerimientos forman parte del protocolo normal de revisión y no implican una revocación per se de la subvención. Los auditores objetan además que las ayudas que deberían ser revisadas son las no auditadas, es decir, las inferiores a 60.000 euros, ya que son las más proclives a no ajustarse a los requisitos.
No obstante, el Ejecutivo autonómico justifica el requerimiento alegando que se realiza cuando hay casos de dudas para los técnicos, quienes pueden necesitar que se matice alguna información. En este caso, los requerimientos se están efectuando en casos en que el volumen de las ayudas es especialmente pronunciado (son, en definitiva, algunas de las ayudas más cuantiosas, que pueden llegar a varios millones de euros), los cuales precisan de un proceso de verificación del máximo rigor. Afectaría además a grandes grupos empresariales, los cuales, por cuestión de normativa, no pueden presentar las facturas de manera conjunta, extremo que podría haber ocasionado algunas de las incorrecciones formales en la presentación de la auditoría.
4 comentarios
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todavía quedan empresas? bueno, ya si eso a la proxima pandemia lo acaban de finiquitar todo.
ja començam amb es peperos . en sa feinada que va dur fer aixo ara a tocar es c....... son uns ineptes sa pensen que tothom es com ells. ara voreu si en faran de desastres. govern de corruptes
Es normal, todo ladrón cree que son de su misma condición..
Los trapicheos que habrán hecho y lo que habrán trincado con las ayudas COVID. Por cierto, según Sánchez el virus había venido para quedarse y de repente ha desaparecido. No sé si tendrá algo que ver que vienen las elecciones.