El Govern ultima el cierre de la Oficina Anticorrupción antes de que acabe el año

Los responsables del Govern trabajan ahora en la manera de aprobar la disolución de un organismo que este año tiene un presupuesto superior a 1,3 millones de euros. La entidad no depende estrictamente del Govern, sino que cuelga políticamente del Parlament, que además es la institución encargada de elegir a su director, en la actualidad, Cristòfol Milan.

Una de las posibilidades que se estudian es que la supresión de la Oficina se incluya en la Ley de Presupuestos del año que viene, pero las fuentes consultadas señalan que cabe la posibilidad de que incluso se acuerde su desaparición con carácter previo a través de alguno de los decretos ley que prepara el Ejecutivo.

Decreto ley

Uno que está ahora e marcha es el de medidas urgentes en materia de vivienda, que se aprobará este mes, pero las mismas fuentes señalan que tal vez sea apresurado, por lo que iría en otra ley posterior. Lo que sí está decidido es que el proyecto de Presupuestos de 2024, que se aprobará el próximo mes de octubre, no incluirá ninguna partida para la Oficina Anticorrupción, una entidad que por ahora sigue en pleno funcionamiento y hace unos días publicaba en el BOIB la oferta de carrera profesional para alguno de sus empleados.

En la Oficina trabajan una quincena de empleados que en las últimas semanas han tenido que gestionar las declaraciones de bienes y patrimonio de más de un millar de cargos políticos elegidas en los ayuntamientos, consells y Govern tras las pasadas elecciones autonómicas. Qué pasará ahora con este personal es algo que no se aclara desde el Govern, aunque la inmensa mayoría son trabajadores públicos que proceden de otras administraciones, como la Sindicatura de Comptes, en algunos casos.

La Oficina tramitó el año pasado un total de 124 denuncias, de las que 89 fueron anónimas, 21 las presentó un particular, tres procedieron de partidos políticos y cinco las presentaron funcionarios. Entidades, empresas y trabajadores presentaron dos cada una de ellos. La mayor parte de las denuncias correspondían a actuaciones de corporaciones locales. Un total de 43 no se admitieron, otras 44 fueron archivadas al no apreciarse indicios de actuaciones incorrectas y cinco acabaron con denuncias por posibles irregularidades.

PP y Vox entienden que el trabajo que desempeña la Oficina Anticorrupción ya lo hacen otros dos organismos en Balears. Sostienen que la Fiscalía de Baleares es la encargada de investigar los posibles delitos que se comentan en las Islas.    De hecho, la Oficina está obligada a remitir a la Fiscalía aquellos expedientes en los que detecte algún tipo de irregularidad, como sucedió con una denuncia del PSIB contra el president del Consell d’Eivissa Vicent Marí. El otro organismo de control es la Sindicatura de Comptes, que revisa la legalidad de los contratos y de las subvenciones que conceden todas las instituciones de Balears.