La nueva vivienda de precio limitado costará un 39 % menos que en el libre mercado

Así lo ha asegurado la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria. Una comparecencia centrada en su mayor parte en el problema del acceso habitacional y en el nuevo escenario que plantea el decreto de medidas urgentes, que la consellera describió como un documento ceñido a criterios técnicos y con una carga ideológica mínima.

En ese sentido, señaló que el documento se ha redactado en base a las recomendaciones de constructores, promotores inmobiliarios y demás agentes del sector, antes de ponerlo en conocimiento de colectivos y asociaciones de usuarios, ya que son los primeros «los que saben si es posible aplicar el plan estratégico y los que tendrán que poner el dinero para que sea efectivo». Una jerarquización de los interlocutores afeada por la oposición, quien le recriminó que colocara a los ciudadanos en una segunda fase del proceso.

«El plan no puede partir de la idea de que todo lo puede solucionar la iniciativa pública: trabajaremos tanto para crear vivienda protegida como para estimular la inversión privada», señaló Vidal para recalcar que los profesionales del sector le han transmitido la imposibilidad de construir vivienda protegida con los criterios actuales porque el coste es demasiado elevado. Asimismo, se refirió a la opinión negativa de los alcaldes sobre normativas urbanísticas «que llevan muchos años redactadas y no se adaptan a la realidad de hoy en día».

Igual que se ha decidido revisar esos criterios, anunció, también se revisará el suelo desclasificado anteriormente y se hará un catálogo del suelo urbanizable vacante. También señaló que se redactará una nueva ley de vivienda que «colisionará con la ley estatal», por lo que se creará una comisión bilateral para negociar los puntos de conflicto. «Me parece muy grave que la ley estatal nos obligue a reservar un 50 % del suelo a VPO porque los inversores no estarán interesados», señaló.

En relación con el área de Movilidad, indicó que el Govern está estudiando la conveniencia de mantener o no la gratuidad del transporte público, entre otros motivos, porque a día de hoy está siendo financiado enteramente por las propias empresas. «Se debería financiar con 43 millones de euros que vienen del Estado y a día de hoy no ha llegado ni uno solo». A pesar de que, explicó, los técnicos se han mostrado contrarios a mantener la medida, «todavía no hemos tomado ninguna decisión» de cara al 1 de enero.

Por otro lado, Vidal afirmó que se está trabajando en la obtención de la financiación del convenio ferroviario para las nuevas conexiones y en la defensa y el mantenimiento del descuento de residente en el transporte aéreo y marítimo.