La primera resolución judicial de este contencioso se remonta a junio de 2020, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Palma estimó parcialmente la demanda de Acciona y estableció que Palau de Congressos -entidad participada a partes iguales por capital del Ajuntament de Palma y del Govern- debía indemnizar a la constructora con la cantidad de 13,9 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados con los sucesivos retrasos que sufrió la obra. En su demanda, Acciona reclamaba 25,3 millones de euros.
El Palau interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma que fue estimado parcialmente y que implicó una sensible reducción de la cantidad a abonar por la entidad pública en concepto de indemnización: 2,7 millones de euros.
Tras un nuevo recurso, en esta ocasión de Acciona, el Tribunal Supremo ha decidido desestimar las demandas de la empresa y mantener en 2,7 millones de euros la indemnización que se le debe abonar. El auto dictado por los magistrados declara la inadmisión del recurso y como consecuencia establece como firme la sentencia dictada por la Audiencia, por lo que contra la misma no cabe ningún tipo de recurso ordinario. Además, Acciona deberá cargar con las costas del proceso y pierde los depósitos constituidos.
Desde el Ajuntament de Palma -que en esta ocasión ha declinado la posibilidad de realizar valoraciones sobre este último pronunciamiento judicial- ya señalaron en su día que la reducción de la indemnización se ajustaba más a la realidad que la cantidad fijada anteriormente por el Juzgado de Primera Instancia número 18, la cual entendían como totalmente desmesurada. Así, el consistorio tildó de «injustificadas y absolutamente sobredimensionadas» las pretensiones económicas y recalcó que la sentencia de la Audiencia les daba la razón.
Las demoras
El Palacio de Congresos de Palma fue inaugurado el 1 de abril de 2017. Habían pasado exactamente nueve años y más de dos legislaturas desde que se colocara la primera piedra de la infraestructura, en abril de 2008. Las previsiones iniciales marcaban 2011 como año límite para la finalización de las obras. Estas se llegaron a paralizar hasta en dos ocasiones por las diferencias entre la constructora y las administraciones públicas involucradas. No fue esta la única causa de los retrasos, ya que también influyeron factores como el de los concursos fallidos o el abandono de una de las empresas promotoras.
3 comentarios
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Això sí que fou un ppelotasso de veritat. Algú sap fins quan pagarem hipoteca? Que la paguin els ppeperos que el varen fer
El gran palacio del desfalco, con el que nos la jugaron a todos Matas y sus secuaces.
Se gastaron un dineral y se ve horrible el edificio.