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La Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, la Oficina Anticorrupción, tiene los días contados. El PP presentó este lunes por el procedimiento de urgencia –que acelera los trámites para sus tramitación– una proposición de ley que incluye , «en el plazo de tres meses desde su aprobación», la liquidación de la oficina, que se creó en 2016, y el cese de su director. Esta oficina está dirigida por Tòfol Milan desde mayo del pasado año cuando relevó a su primer director Jaime Far.

La propuesta se aprobará con el apoyo de Vox. El PP se opuso desde el primer momento a su creación y, como Vox, defendió su cierre en campaña electoral. Para la oposición, no es más que «una venganza» porque las investigaciones de este organismo han salpicado al PP en diferentes ocasiones. El partido ha atribuido a una «filtración» de la propia oficina que se haya publicado una investigación sobre irregularidades urbanísticas del Ajuntament de Campos que implican al actual director general de Emergències, Bernat Sureda. Milan, cuando presentó en el Parlament el informe referido a 2022, no aludió a esta investigación. La oficina permitía las denuncias anónimas, lo que ahora no será posible, según dijo la portavoz adjunta del PP, Marga Durán.

El texto del PP prevé que parte del personal adscrito a la Oficina Anticorrupción pase al Parlament, que será quien se encargue de recoger y dar publicidad a las declaraciones patrimoniales de diputados y diputadas, que tendrán carácter reservado.

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La proposición de ley modifica otras tres: la de Incompatibilidades, la del Buen gobierno y la de creación de la Sindicatura de Cuentas. Esta última modificación es para que este organismo asuma parte de sus funciones, concretamente las que se refieren a la prevención de episodios relacionados con la corrupción. Según la disposición final primera de la norma entregada al Parlament para su debate, «la Sindicatura de Cuentas desempeñará asimismo la función de prevención de la corrupción, procediendo a evaluar los correspondientes sistemas de prevención del riesgo y formulando propuestas, en su caso, para un adecuado diseño e implantación de mecanismos e instrumentos normativos que reduzcan las oportunidades de fraude».

La modificación de la ley del buen gobierno despierta muchas suspicacias en el PSIB. A falta de un examen más amplio, el portavoz socialista, Iago Negueruela, entiende que «acaba con las medidas de transparencia del Govern y de los altos cargos». Durán entiende que no es así y precisó que lo único que no se será público de las declaraciones son «datos confidenciales».

Vox: «Es un chiringuito»

Para el Grupo Socialista está claro lo que pretende el PP liquidando la Oficina Anticorrupción: «El PP no quiere ningún control, todo lo que hemos visto en estos primeros cien días recuerda la peor etapa del PP», dijo el socialista. Y Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) aludiendo al caso de Sureda y Campos afirmó: «La única urgencia del PP es tapar un posible caso de corrupción de un miembro de su gobierno».

Francisco Cardona, de Vox, apoya la supresión. «Estamos en contra de los chiringuitos», dijo. El portavoz adjunto de Vox dijo no poder precisar cuántos «chiringuitos» dependen del Govern que apoya. Y añadió que la oficina que ellos proponen, la Oficina Lingüística, «no lo es».