Llorenç Galmés: «Queda claro que todo lo que se ha dicho contra PP-Vox era falso»

El carril bus-VAO y el límite a 80 kilómetros por hora, dos de las grandes promesas electorales, siguen vigentes. ¿Cuándo las aplicarán?
—Las primeras semanas encargamos los informes técnicos para eliminar este límite establecido, que es una voluntad política trasladada por los ciudadanos en las urnas, y que apoyan los sectores implicados. Queremos hacerlo bien y sin poner en peligro la seguridad de los conductores. En las próximas semanas sabremos la opinión de los técnicos, no puedo dar una fecha concreta. Lo mismo con el bus-VAO, todos coincidimos en que no sirve de nada y que hay que quitarlo. Estamos a la espera de la decisión de la DGT, pero esperemos que escuche la voluntad del pueblo y lo elimine.

¿Qué otras medidas han puesto en marcha en estos 100 días?
—Estamos preparando un plan de accesos a Palma, que es donde hay más atascos y accidentes. También impulsamos proyectos que estaban parados, como la mejora de la variante de Sant Llorenç o la carretera de Llucmajor a Algaida, y estamos centrados en acabar con puntos negros. Una de las primeras cosas que hemos hecho es reunirnos con el Govern para tratar el aumento de frecuencias de transporte público.

¿En qué estado está el proyecto del tramo I, entre el Coll d'en Rebassa y Son Ferriol?
—Nos gustaría mucho empezar a ejecutarlo esta legislatura, y ya hemos pedido estudios preliminares. Puede costar más de 100 millones de euros, pero es necesario para arreglar el problema de los atascos. Y el dinero lo exigiremos a Madrid. Si hubiera encontrado algo hecho tras la salida del Pacte, hubiera sido mucho más fácil. Aparte de esta infraestructura, no se hará ninguna autopista nueva ni otra gran obra.

¿Cuándo empezarán las obras para habilitar nuevos carriles en la vía de cintura de Palma?
—Está encargado y cuando se acabe el proyecto lo ejecutaremos. Intentaremos que las obras se hagan de noche, los fines de semana y que provoquen las mínimas molestias. También actuaremos en la entrada de la carretera de Sóller, junto a la rotonda de la ITV.

Ganar carriles es algo que ya se hizo, pero hay más congestión.
—Se necesita una mejora del transporte público, por eso nos reunimos con la Conselleria de Mobilitat, que tiene las competencias. No es normal que la gente tenga que ir apretada o que los alumnos de Andratx no puedan ir en bus hasta la universidad.

Encargaron un estudio sobre capacidad de carga de las carreteras. ¿Puede adelantar alguna de las medidas que barajan aplicar?
—Sin la radiografía no puedo avanzar ninguna, pero no nos temblará la mano a la hora de tomar cualquier decisión importante. Si al llegar hubiéramos encontrado este estudio hecho, ya podríamos haber avanzado.

¿Limitarán los coches de alquiler?
—No descartamos ninguna medida, pero todo estará consensuado.

Prorrogaron el servicio de la ITV móvil de Magaluf, liberaron 7.000 citas y este mes abren los sábados, pero el tiempo de espera para conseguirla sigue en los 30 días. ¿Qué prevén hacer más?
—Estamos presionando para que la nueva estación de Son Bugadelles entre en funcionamiento a principios de 2024. Con el contrato en vigor tenemos poco margen de maniobra, pero estamos con el pliego de concesiones para que entre otro adjudicatario. Esta legislatura también queremos construir una ITV en Campos para evitar desplazamientos de vehículos del sur de Mallorca.

¿Cómo perseguirán el alquiler turístico ilegal?
—Primero daremos solución a los 4.000 expedientes que hemos heredado, reforzando el personal con nueve contrataciones y una campaña de refuerzo y horas extra. Cruzaremos los datos del Consell con los de la Agència Tributària de les Illes Balears, comunicaremos denuncias a los ayuntamientos para que la verifiquen y nos reuniremos con las plataformas digitales para que dejen de ofrecer alquileres ilegales.

¿Fue un error no detectar la incompatibilidad de la consellera electa Raquel Sánchez?
—En el momento en que secretaría general nos transmitió esta situación, en menos de 24 horas se tomó una decisión y se acabó. Siempre queremos cumplir con la normativa vigente. El caso de José Panadés es totalmente diferente porque tenemos un informe que nos dice que es compatible.

Aun siendo legal, ¿cómo valora que los portavoces del PP y Voz, Núria Riera y Antonio Gili, se hayan subido un 75% la dedicación en el Consell y sigan cobrando de sus respectivos trabajos?
—Pasa en todos los partidos. Una consellera del PSIB tiene una dedicación del 50 %, tiene su trabajo y cobra dietas por asistir a plenos en el ayuntamiento en el que es regidora. Los hay que tienen hasta un 90 % de dedicación y mantiene su empleo. El exportavoz socialista Andreu Alcover cobraba unos 100.000 euros, más que la expresidenta insular, porque tenía sueldos en el Consell y dedicación completa en la universidad.

Afirmó que estaba cómodo con Vox. ¿Lo sigue aunque no fueran al minuto de silencio por un crimen machista y que hayan retirado una actividad sobre cambio climático?
—Tenemos un pacto estable que da soluciones y ya hemos cumplido el 22 % de las propuestas firmadas. Cada partido tiene su ideario, pero hemos mirado por el interés general y queda claro que todo lo dicho contra el pacto era falso: no hemos ido contra nuestras lenguas, la cultural o las mujeres.