Condena por la estafa de nueve millones de euros en torno al 'falso príncipe'

La setencia considera demostrado que, entre los años 2009 y 2012, Delgado empleó una serie de sociedades: European Investment y Balearic Island Investment para engañar a una veintena de inversores por un doble procedimiento. Por un lado con una estafa piramidal clásica en la que ofrecía intereses exorbitados a inversores. Estos depositaban cuantías en torno a los 50.000 euros y algunos llegaron a cobrar algunas pequeñas cantidades como intereses aunque perdieron el dinero. El otro mecanismo, más complejo, implicaba ofrecer financiación a personas en situación económica delicada en medio de la crisis económica. La acusada ejercía como intermediaria en los préstamos y captaba inversores que eran los que aportaban el capital. Las cuantías se garantizaban con una hipoteca pero, según sostiene la sentencia, la acusada obligaba además a constituir reconocimientos de deudas a su favor como comisión a espaldas del inversor. Las condiciones de los préstamos eran draconianas y desembocaron en una serie de ejecuciones hipotecarias. Ni el que aportaba el capital recuperaba los fondos ni quienes lo recibían tenían forma de pagarlo.

Según considera demostrado la Audiencia, la acusada en realidad tenía dos empresas completamente huecas: sin capital alguno y cargadas con deudas de cerca de medio millón con la Seguridad Social. El chalé de dos millones en el que vivía tenía cuatro hipotecas. No tenían actividad real más allá de las tramas defraudatorias. Además de esa pretendida solvencia, Delgado hacía exhibición de bienes de lujo y de un nivel de vida de millonario. El tribunal no incorpora en este engaño a su marido, aristócrata alemán que también estaba acusado. El supuesto príncipe de Hohenlohe fue exhimido de la causa por un problema de salud que impide que pueda defenderse en el procedimiento. Estuvo el primer día en la vista: se desmayó y varios informes forenses coinciden en que no está en condiciones.

De los veinte afectados, la principal es una empresaria que tenía un restaurante en Génova. En medio de la crisis acordó un préstamo de 600.000 euros con la acusada que concertó una hipoteca a favor de un inversor que fue quien aportó el capital. Delgado se quedó con 200.000 euros de la restauradora para su propio negocio y se los entregó al prestamista real que, como no cobraba los intereses ni el capital instó una ejecución del inmueble en el que estaba el restaurante. En total, la Audiencia cifra el daño económico sufrido por esta afectada en más de seis millones de euros por el valor del inmueble que perdió y del negocio. En total son veinte los afectados que mantuvieron la acusación contra Delgado en el juicio, en el que el fiscal consideró que no existió un engaño hacia los inversores.

La acusada se beneficia de una rebaja de la pena por el retraso del procedimiento. La Audiencia también descarta aplicar algunos de los tipos agravados que solicitaban las acusaciones particulares al no considerar demostrados ciertos extremos.