La patronal hotrelera aboga por reforzar los medios de inspección para combatir la oferta ilegal. | Patricia Lozano

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El nuevo reglamento europeo sobre los alquileres de corta duración, cuya aprobación está prevista para antes de final de año, no acabará con la oferta ilegal. Es en lo único que coinciden la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Federació Balear d'Habitatges Turístics (FEHBATUR) a la hora de analizar un documento que pretende establecer un sistema de recogida e intercambio de datos sencillo y armonizado para todos los países de la Unión Europea que aumente la transparencia en el sector del alquiler vacacional.

Para la presidenta de la FEHM, Maria Frontera: «el reglamento supone un avance, pero en ningún caso es una solución definitiva. Para eso hay que reforzar también el control desde el Consell de Mallorca».

En una semana en que los responsables de turismo de la UE han debatido en Palma sobre la sostenibilidad social del turismo, Frontera cree llegado el momento de hablar claro: «El problema no es el turismo, sino la proliferación de la oferta ilegal. Las plataformas de alquiler vacacional, que tanto invierten en tecnología y en marketing, miran para otro lado con la oferta ilegal y no quieren invertir ni hacerse responsables de la verificación de la licencia» Según la presidenta de la FEHM «ponen el foco en el negocio y no en el cumplimiento de la legalidad, y eso provoca que donde haya una vivienda, haya un alojamiento».

Para Frontera «lo que para algunos era economía colaborativa se les ha ido tanto de las manos que no solo las infraestructuras son incapaces de asumir toda la oferta, sino que hay un desvío de vivienda residencial a turística que dificulta el acceso a la vivienda». Y es que, según la presidenta de los hoteleros de Mallorca, «en los 10 últimos años, la vivienda turística legal en Baleares (204%) se ha incrementado 30 veces más que las plazas hoteleras (7%.). Conclusión: se ha hecho la vista gorda, se ha producido una euforia desatada y ahora estamos pagando las consecuencias, pero no lo han generado los hoteles»
Frontera tiene clara la receta de futuro para el turismo de Mallorca: «crecer económicamente es importante, pero más importante es cómo crecemos: con orden y planificación y siguiendo criterios de circularidad que no persiguen solo objetivos, sino cómo los logramos desde un punto de vista social, medioambiental y económico.

Difícil implantación

La gerente de la Federació Balear d'Habitatges Turístics (FEBHATUR), Maria Gibert, aplaude la iniciativa europea de armonizar la recogida de datos para dotar de más transparencia al alquiler vacacional, pero ve difícil su implantación: «si ahora ya es difícil erradicarla en Baleares, a través de administraciones europeas más alejadas del ciudadano será todavía más complicado, sobre todo con ciudadanos extranjeros que tienen aquí su segunda residencia y no utilizan los canales comerciales habituales para alquilarla. Cruzar datos con Hacienda sería una buena solución».

Gibert sostiene que no hay que demonizar a las grandes plataformas de alquiler vacacional -«es importante que colaboren, pero culparlas de todo tampoco es la solución»- y rompe una lanza en favor del Consell de Mallorca, institución encargada de perseguir la oferta ilegal: «hacen lo que pueden con los medios que tienen».

La gerente de la patronal balear de viviendas turísticas, Maria Gibert, cree en la necesidad de democratizar el turismo: «los hoteleros estaban acostumbrados a llevarse todo el pastel y es evidente que les estorbamos. Todo el mundo cabe dentro del sector turístico». Considera también que urge sosegar el debate: «Estos seis años de prohibición del alquiler turístico en Palma no han servido para bajar los precios de alquiler ni para aumentar el parque de vivienda residencial, lo que demuestra que el alquiler turístico no tiene una incidencia significativa en los precios. En estos últimos ocho años se ha crispado mucho el debate y si se hubiera hecho con más sosiego y desde el conocimiento del sector, no estaríamos así ahora».