Ángela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

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«El racismo se ha incrementado por 1.000 al alquilar una vivienda en Baleares». Esta es la denuncia que formula la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ángela Pons. En este sentido, argumenta que si antes no se quería arrendar a los africanos, ahora también se excluye a los latinos. «Prefieren no alquilar la vivienda que hacerlo a africanos o latinos», recrimina.

Pons lamenta esta situación y destaca que está generando muchos problemas, ya que estas personas ven prácticamente imposible encontrar un lugar en el que vivir. Por ello, explica que se ven abocados a recurrir al mercado negro y arrendar una casa sin un contrato legal, que a su vez, les impide beneficiarse de las ayudas para el alquiler; calcula que un 70 % de los contratos no son legales. Además, expone que el precio del arrendamiento sigue siendo bastante elevado, por lo que estas personas se ven obligadas a arrendar habitaciones a otras familias con la finalidad de poder compartir gastos. «La gente que no puede acceder a una vivienda se está multiplicando».

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca señala que los ciudadanos con pocos recursos económicos también tienen muchas dificultades para poder alquilar. «No quieren arrendar a mileuristas, piden personas con un empleo fijo y un nivel económico elevado», reprocha.

Castings para elegir al inquilino

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, añade que «la oferta de viviendas en las Islas sigue cayendo de forma muy pronunciada y está provocando que la tensión sobre los precios esté aumentando, a la vez que se complica el acceso de las familias a la vivienda, que en muchas ocasiones tienen que pasar por verdaderos castings».

«Hay menos viviendas en el mercado y más gente buscando, por lo que los propietarios pueden elegir al perfil al que alquilan su vivienda y se decantan siempre por aquellos que más seguridad frente a los impagos les ofrecen. Esta situación, provocada por las medidas coercitivas contra los propietarios aprobadas en la Ley de Vivienda se agrava en un entorno como el balear que ya tenía graves problemas de oferta previos a la Ley», concluye.