Joana Lluisa Mascaró atiende a los medios frente a la Audiencia Provincial. | M. À. Cañellas

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Diez años después de su inicio, el 'caso Pas-Amics del Camí' acaba con un acuerdo en el juicio. La exconsellera de Cultura i Patrimoni del Consell Insular, Joana Llüisa Mascaró, ha aceptado una condena de nueve meses de prisión por fraude y prevaricación, se convierte en el primer cargo del entonces PSM condenado en una causa por corrupción. Aunque la condena se sustituirá por el pago de una multa de 2.160 euros e implica la asunción de la culpabilidad, Mascaró, defendió a la salida de la Audiencia que solo había firmado la condena por consejo de sus abogados.

Junto a Mascaró han asumido la misma condena otros antiguos altos cargos de UM en el Govern. Todos ellos han admitido que dieron una serie de subvenciones y contratos públicos a la asociación Pas el Camí, que tendría que haber puesto en marcha una serie de actuaciones para promocionar rutas senderistas en la Serra. También se ha conformado con el pago de una multa el máximo responsable de la asociación, Emilio Gallardo, que llegó a estar en prisión preventiva en el año 2013 unos días cuando estalló esta causa de corrupción.

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Todos los acusados se benefician de un atenuante por el enorme retraso de la causa a la hora de llegar a juicio: los hechos ocurrieron en 2010 y no fueron investigados hasta tres años después. Han tardado una década en llegar a juicio y se trata de una de las últimas causas por corrupción pendientes de juicio. Los acusados han devuelto 42.120 euros al Govern, 20.880 al Consell Insular y 3.591 al Ajuntament de Valldemossa.

Los hechos que han acordado las partes describen que Pas el Camí planteó a las administraciones un proyecto de señalización y promoción de rutas que se dividió de forma ficticia entre ayuntamientos, Consell y Govern. Se le adjudicó a dedo mediante una división de contratos y subvenciones que no tenían previa justificación. Buena parte de los caminos que se iban a promocionar ya formaban parte de otras rutas y estaban señalizados entonces por el Consell. Además, se señala que ninguno de los miembros de la asociación tenía capacitación específica para las tareas de que tenían que llevar a cabo. Los trabajos no se llevaron a cabo de la manera que estaba descrita, así las guías que se publicaron eran copias de otras y las señalizaciones eran deficientes.

La Fiscalía ha retirado la acusación contra dos de los acusados originales, Antonio Oliver y Sebastiá Amengual que han sido absueltos.