Representantes de patronales, sindicatos y agentes sociales y económicos y de la sociedad civil han presentado este lunes ante la Delegación del Gobierno el documento 'Illes Balears. Uniendo fuerzas para superar las dificultades' en el que, entre otras medidas, propone que las Illes Balears queden exentas de los límites aplicables de la norma general de minimis, en especial, para el transporte de mercancías. Y en caso de no aceptarse esta excepcionalidad, elevar el límite máximo de las ayudas de minimis en base a la cuenta de resultados de cada empresa.
El documento, entregado este lunes en la Delegación del Gobierno está firmado por CAEB, la UIB, la Cámara de Comercio de Mallorca, Pimem, CCOO, UGT, Colegio de Economistas de Baleares, Colegio de Abogados, Círculo de Economía de Menorca, Círculo Mallorquín de Negocios y Círculo de Economía de Mallorca.
Las ayudas de minimis son las que prestan los Estados miembros de la Unión Europea a las empresas con una cuantía insuficiente como para que tengan que ponerse en conocimiento de la Comisión Europea al ser consideradas compatibles con el mercado común. Las condiciones de las ayudas de minimis se encuentran en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, que tiene vigencia hasta finales de este año. Establece que la ayuda total de minimis concedida a una empresa no puede ser superior a 200.000€ durante un período de 3 ejercicios fiscales, es decir, el ejercicio fiscal actual y los dos anteriores. En el caso de las empresas de transporte por caretera, el máximo es de 100.000 euros.
El concepto de minimis es importante porque afecta a determinadas líneas de ayudas. Si una empresa ha recibido otras ayudas sujetas a minimis en los últimos 3 años, superando la suma de ellas los 200.000€, ya no puede optar a otra ayuda sujeta a dicho régimen.
Los firmantes reclaman a los ejecutivos, tanto regional como nacional, que aprovechen la presidencia española del Consejo de la Unión Europea para ejercer una mayor presión para acabar con lo que consideran un «agravio comparativo» para las empresas de los territorios insulares frente a las del continente.
En este sentido, el vicepresidente del Cercle d'Economia de Mallorca, Lluís Quetglas, ha insistido en que la reclamación no es un capricho sino una necesidad transversal en beneficio de la ciudadanía de Baleares y de todos los territorios insulares de la Unión Europea.
«Todas las islas europeas tienen el mismo problema. Se ha estudiado que la renta de estos territorios es inferior a la de los territorios del continente. Es decir, ser una isla tiene un coste, todo es más caro. El coste de la vida o del transporte. Nuestras empresas son pequeñas y no tienen la capacidad de otras empresas más grandes, con economía de escala. Si quieres tener una empresa y exportar, no lo harás en las mismas condiciones que una empresa de la península. Lo que pedimos es que haya equilibrio e igualdad para poder competir en igualdad de condiciones», ha señalado Quetglas.
El presidente de Pimem, Jordi Mora, ha argumentado que por la regla de minimis, las empresas de Baleares están «capadas» para crecer a través de la consecución de ayudas. «El actual límite les perjudica para crecer, invertir e innovar», ha señalado Mora.
Los firmantes confían en que a través del Gobierno central, el documento y la reclamación llegue a los comisarios europeos para poder empezar a impulsarlo lo antes posible.
Menos calidad de vida
El texto entregado este lunes, con la esperanza de seguir recabando apoyos, insiste en la «preocupante evolución de las economías insulares», con una caída progresiva y mantenida de la posición relativa en términos de PIB per cápita, una disminución de la renta disponible, un crecimiento demográfico intensivo, un precio de la vivienda «desorbitado» y salarios por debajo de la media.
Según detalla el informe, mientras que en el año 2000 Baleares, ocupaba la tercera posición en términos de PIB de España por debajo de Madrid y Navarra, en la actualidad se ha situado por debajo de la media española, 40 puntos por debajo de Madrid. Comparando la renta disponible por los hogares, mientras que Baleares y Canarias han sufrido un estancamiento en la última década, el resto de CCAA la han mejorado.
El documento recuerda que la insularidad plantea otras limitaciones, como la falta de mano de obra, la necesidad de importar casi el 90 por ciento de materias primas y productos de consumo, la necesidad de recursos para atender y proporcionar servicios públicos fundamentales, el acceso al agua y a la energía la gestión de los residuos, o el acceso a la vivienda asequible, factores que dificultan el desarrollo de las actividades industriales y agrícolas e hipoteca la diversificación del modelo productivo balear más allá del turismo.
Para las entidades firmantes, es preciso adoptar un conjunto de medidas que, de una manera «urgente, clara y decidida», reequilibren las circunstancias y hagan más resilientes a Baleares ante los enormes desafíos.
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