Menores usando el móvil en el recreo. | Josep Bagur Gomila

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Si se pregunta a los profesores de primaria o secundaria sobre qué opinan sobre el uso de los teléfonos móviles dentro de los centros escolares y las aulas, las respuestas son dispares. Unos consideran que se debe prohibir su uso de manera tajante, mientras que otros opinan que, aunque su regulación es necesaria, la solución no es prohibirlos.

Sobre esta cuestión, el presidente de la Asociación de Directores de Educación Secundaria de Mallorca (Adesma) y director del IES Porreres, Joan Ramon Xamena, explica que «durante este curso, al menos en la ESO, se está prohibiendo [el uso de móviles] en muchos centros», así como señala que aunque «se está intentando hacer un proceso pedagógico para enseñar sobre el buen uso; se está viendo que su mal uso genera muchos problemas de convivencia».

En este sentido, apunta que en los colegios que ya tienen dispositivos electrónicos, como los chromebooks, «se intenta que los móviles se usen lo menos posible», ya que acarrean problemas «en el día a día», tales como grabaciones de alumnos a profesores, a otros alumnos, ciberbullyng, y una menor sociabilización durante el recreo, entre otros aspectos. Sin embargo, reconoce que la utilización de los dispositivos es aceptable «puntualmente» en las escuelas que no disponen de chromebooks u similares.

Pese a que actualmente es cada centro educativo el que decide cómo se regula el uso de los móviles dentro la propia escuela, la postura de Adesma va por la línea de que instancias superiores, como la Conselleria de Educación y Universidades o el Ministerio de Educación y Formación Profesional, deberían prohibir su uso, «como ya se ha hecho en Francia o plantea la Junta de Andalucía», remarca Xamena.

En contraposición, encontramos el parecer de Pep Ramon Cerdà, docente en el IES Antoni Maura, quien se sorprende de «lo que se está montando con el tema de los móviles», en referencia a la iniciativa que se ha puesto en marcha recientemente por parte de un grupo de padres de Palma, 'Adolescència sense mòbils'. En su caso, aunque en su colegio está prohibido utilizarlos en las aulas, Cerdà permite a sus alumnos de Bachillerato usar los móviles en sus clases, porque «no es lo mismo un móvil que un chromebook, son herramientas diferentes», en el sentido de que para editar vídeos o grabar audios «es más cómodo» el primero. «Estas competencias se tienen que trabajar en la escuela porque no aprenderán [los adolescentes] que no pueden manipular una fotografía por ellos mismos», pone de ejemplo.

Por otro lado, confiesa que «como padre» no quiere que nadie le diga cuándo le puede dar un móvil a su hijo y que además «nadie te obliga a darle uno», por lo que cree que «se tienen que regular las cosas peligrosas como las armas, las drogas o el alcohol» y se muestra sorprendido con que «haya padres que pidan tanta libertad para educar a sus hijos y luego quieran que se prohíba los móviles por ley». A pesar de su postura, reconoce que «otra cosa es que en los espacios de ocio se usen de otra manera» y dice que «particularmente» no se ha encontrado con problemas a la hora de utilizarlos.

Con todo ello, no quiere decir que no sea conveniente una regulación, sino que ve «innecesaria» una prohibición: «Los alumnos de primaria sí que tienen que tener regulado el acceso a los contenidos de Internet». También aclara que «que no esté de acuerdo no quiere decir que no lo entienda», ya que «hay mucha gente que se siente desbordada por las nuevas tecnologías, no las entienden y para que no se salga de control quieren prohibir».

En el caso de los centros de primaria no se utilizan móviles durante las horas lectivas, por lo que si los alumnos llevan sus teléfonos a clase -previamente los padres tienen que haber firmado un consentimiento que los autoriza a ello- y los profesores los guardan bajo llave durante la jornada. A pesar de ello, surgen conflictos a causa de los dispositivos, de lo que la presidenta de la Asociación de directores de infantil y primaria de Mallorca (Adipma), Joana Maria Más, critica que «no los genera la escuela, pero las soluciones las aporta el centro».

Más es la directora del CEIP Ses Rotes Velles (Calvià) y hace unos años hubo un altercado en sus aulas, motivado por unos alumnos que crearon un grupo de WhatsApp para «hablar mal» de otro compañero por las noches. «La burbuja se hizo cada vez más grande porque las familias intervinieron», narra, «se puso en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil y acabaron viniendo al colegio a dar charlas divulgativas», añade. Después de aquello, «hubo padres que se preocuparon y actuaron, pero a otros les dio igual por lo que sus hijos usaban el móvil a horas inadecuadas haciendo un mal uso», remarca.

En esta línea, señala que «en primaria, si los padres tienen un problema con que sus hijos vuelvan solos a casas, basta con que les den un móvil para llamar pero sin internet». Por otro lado, afirma que no está «ni a favor ni en contra de la normativa de que se prohíban los móviles en las escuelas, porque quienes tienen la potestad son las familias, si los padres no dieran a sus hijos un móvil con internet no habría problemas».

El director del IES Son Pacs, Pere Morell, coincide con la línea de pensamiento de Más y se pregunta: «¿Hasta que punto es responsabilidad de los centros que los alumnos lleven móviles?». Sin embargo reconoce que no es posible hoy en día una escuela sin el uso de las TICs porque «las tecnologías, como todo, tienen su parte buena y mala», por lo que si se prohibiera en los centros educativos «nos quedaríamos atrás».

Argumenta que aunque es cierto que pueden surgir conflictos relacionados con ciberbullying, «la mayoría de ellos de usurpación de identidad, pero todos pasan fuera de los centros». «Si los alumnos tuvieran móviles a una edad más elevada, muchos de los problemas se solucionarían», dice. «Es verdad que hay un problema con el uso de aparatos electrónicos, en la sociedad en general, que evidentemente al ser la escuela un reflejo de ella, se ven las consecuencias de su abuso», sin embargo «prohibiéndolos solucionaríamos una parte del problema, porque hace falta la participación de todos, no sólo de las escuelas», reflexiona Morell.