Algunos de los vecinos que viven en las infraviviendas, reunidos en la zona común. | Emilio Queirolo

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Un grupo de inquilinos de las infraviviendas de calle Joan Miró se rebelan: no quieren pagar la mensualidad del alquiler de estos trasteros propiedad del policía local que fue detenido el pasado 21 de noviembre –ahora en libertad hasta que se celebre el juicio– y que está acusado de varios delitos como gestionar habitáculos de forma fraudulenta, favorecimiento de la inmigración irregular y contra la integridad moral y estafa.

Los vecinos argumentan dos razones para no pagar. La primera, porque «no sabemos cuándo nos echarán de aquí una vez juzguen al propietario», y la segunda porque «nos ha duplicado el precio de las facturas y del alquiler», dicen. Este último mes, algunos han recibido mensajes por WhatsApp del propietario pidiéndoles una cantidad económica que no está justificada.

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Hace tan solo unos días que los vecinos han visto pasearse por los pasillos de este sótano al policía local. Ultima Hora ha contactado con este propietario para saber si ha incrementado el precio y cuáles son los motivos, pero éste ha negado totalmente que fuera así y ha asegurado que «ya no les cobro nada». Sin embargo, no es lo que aseguran los vecinos. Este periódico ha podido comprobar mensajes del propietario a cuatro inquilinos distintos donde les avisa del importe que tienen que pagar en diciembre, de alquiler y de gastos. «Nos sigue escribiendo para que le paguemos», asegura mientras enseña su móvil Cristian (nombre ficticio), que lleva dos años viviendo en uno de los trasteros.

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En su caso, suele pagar unos 360 euros con los gastos aparte, pero esta vez el policía le pidió «265 euros del mes anterior [octubre] y 320 euros de noviembre», aparece así en el mensaje.
Davinson, en el sótano desde hace 13 meses, este mes tendría que pagar al policía local «390 euros y 320 de noviembre, que se quedan en 710 euros», reza en su mensaje privado. Este colombiano, sin papeles como el resto de sus vecinos, no conoce las razones de estos pagos tan altos –de un mes a otro– y sin justificación. «A mí me pide más de 150 euros por la electricidad, pero no tiene sentido. Aparte la mensualidad. Son más de 700 euros, es una locura», destaca otra vecina, que prefiere no dar su nombre.

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Edinson, un menor que vive con su madre y su padrastro, explica a este periódico que ellos pagan «550 euros con la electricidad aparte». Hay que recordar que una de las cosas que denunciaban –y coinciden todos los testimonios entrevistados– es que cada inquilino tiene una mensualidad distinta no por tamaño del habitáculo, sino por el número de personas. Edinson y su familia llevan dos años en la habitación.

Intentos de desalojo

La situación en este sótano, según el relato de varios entrevistados, está un poco tensa. «No sabemos qué será de nosotros», pero lo que están observando es que el propietario estaría intentando echar a algunos inquilinos. Este periódico no ha podido corroborarlo, pero tiene el testimonio de Nata, de 40 años, cuyo relato se hizo público hace dos semanas en estas mismas páginas, que ha recibido un aviso del policía (el propietario) que en 15 días tenía que dejar el trastero. Algo que todavía no ha hecho. «Creemos que es a raíz de dar su testimonio a los medios», opinan Reina y María (nombre ficticio), vecinas del mismo sótano. Otro caso lo pudo constatar Reina: al parecer, el propietario visitó junto con la Policía Nacional a un matrimonio con dos niños. Hacía meses que no le pagaban la mensualidad. El propietario quería desalojarles pero al no tener contrato de alquiler no pudieron echarles.

El policía local ha asegurado por teléfono que «desde hace tiempo» ningún inquilino de la calle Joan Miró «me paga» y ha negado haber enviado estos últimos días mensajes con unos importes económicos a ciertos inquilinos. Unas notificaciones que sí ha podido comprobar este periódico. Fuentes de la Conselleria de Vivienda apuntan que el expediente sancionador todavía está pendiente de resolución definitiva. El servicio de inspección de vivienda dio el primer aviso de haber localizado 68 habitáculos (luego ascendieron a 73) en propiedad del policía local que fue detenido. Estas «viviendas» no cuentan con cédula de habitabilidad y sus condiciones son insalubres. Las sanciones a las que podría enfrentarse el propietario podrían superar los dos millones de euros.

El apunte

Un inquilino falleció ayer por causas naturales en los habitáculos de Joan Miró

n inquilino de una de las infraviviendas de la calle Joan Miró falleció ayer por causas naturales, según confirmó la Policía Nacional, que fue notificada por la Policía Local al mediodía. Se trataba de una persona de unos 70 años y de nacionalidad española que llevaba, por lo menos, diez años en estos habitáculos insalubres. Una vez la Policía Científica identificó el cadáver, procedieron a su levantamiento. Los vecinos relataron a Ultima Hora que la última vez que le escucharon fue el viernes 8 de diciembre. Aseguran que tosía mucho desde hacía tiempo y que estaba enfermo. Unos amigos del barrio fueron los que llamaron a la Policía Local porque hacía días que no le veían por la calle. Los vecinos estuvieron consternados por la noticia, pero sin embargo este no es el único suceso que han visto. Este es el tercer muerto en los últimos dos años, y según dicen los inquilinos, coincide en que todos ellos eran personas mayores y enfermas.